Opinión
La importancia de la inflación en la Argentina trasciende su índole endémica y su impacto negativo sobre el bolsillo de los argentinos. En efecto, en los últimos treinta años, ésta ha jugado un rol decisivo en la vida política argentina.
Por Mónica Peralta Ramos *
Juntamente con la corrida cambiaria, la inflación ha reemplazado a los golpes militares como mecanismo de desestabilización de gobiernos elegidos democráticamente. De ahí que la inflación actual no debe ser ignorada, ni minimizada, ni tampoco aceptada como un mal menor. Hoy en día, una de las críticas centrales de la oposición a las políticas económicas del gobierno es que estas políticas son inflacionarias. Mucho se ha dicho y escrito sobre la inflación argentina, sus causas y su supuesto remedio. En su gran mayoría, los análisis que se publican o escuchan tienden a enfocar al proceso inflacionario en forma segmentada. Constituyen, así, un conjunto de verdades a medias, de distorsiones de la realidad, y de desconocimiento de los hechos que contribuyen al ocultamiento de sus causas más profundas. Pero, ¿cuáles son esas causas?
Desde nuestra perspectiva, la inflación expresa una relación de fuerzas. Entendemos a la sociedad como una estructura de relaciones de poder (de control y de exclusión de lo que es objeto de control) que cristaliza en relaciones de fuerza entre diversos actores sociales enfrentados a partir de intereses sectoriales de índole económico, político y cultural. En las sociedades modernas, estas relaciones de fuerza giran en torno de un eje central constituido por las relaciones de poder económico, relaciones que se dan en el ámbito de la producción, apropiación y distribución del excedente económico. No se puede comprender el proceso inflacionario y por lo tanto no se puede luchar efectivamente contra él si no se hace visible la estructura de poder que lo origina. Esto significa arrojar luz sobre el conflicto social que constituye el principal obstáculo para lograr un crecimiento económico que beneficie al conjunto de la sociedad. Actualmente, los enfoques sobre la inflación son múltiples y diversos, pero todos comparten algo en común: el desconocimiento de la estructura de poder que le da origen. El conflicto principal se vuelve entonces invisible y las relaciones de poder que lo originan se perpetúan al infinito. Veamos esto un poco más concretamente.
Casi a diario escuchamos o leemos análisis que alertan sobre el aumento de la inflación a partir de una constatación del crecimiento de los índices de precios (sean éstos índices del Indec o de consultoras privadas). Si bien ha habido una aceleración de precios notable en los últimos años, ésta se ha dado juntamente con un aumento del consumo. Esto tiende a indicar que hubo un mejoramiento del poder adquisitivo de muchos estratos de la población. Los aumentos salariales otorgados han permitido a la población “aguantar” la suba de precios y, en muchos casos, consumir más. De ahí que estos análisis constituyen una verdad a medias y no describen ni explican correctamente lo que está ocurriendo. Otros análisis sostienen que la inflación es consecuencia de la emisión monetaria. Proponen entonces la contracción monetaria y el ajuste del gasto fiscal, de los salarios y del consumo para contener la inflación. Estos enfoques ignoran los fracasos de esta política cuando la misma fue aplicada en el pasado en nuestro país. Además desconocen, tal como lo ha señalado el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, su fracaso actual para contener la crisis en Estados Unidos y en Europa. Más aún, ignoran que, de 2008 en adelante, tanto los Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea han experimentado episodios de fuerte expansión monetaria sin que ésta repercutiera sobre los precios internos.
Otros enfoques consideran que la causa principal de la inflación argentina ha sido el aumento internacional de los precios de los commodities y más específicamente de los precios de los alimentos. Esto constituye otra verdad a medias. Si bien es cierto que la suba de los precios internacionales de los productos agropecuarios incide sobre los precios de los alimentos, los gobiernos pueden adoptar, y de hecho adoptan, distintos mecanismos para impedir que esto afecte los precios locales y repercuta negativamente sobre el poder adquisitivo de los asalariados. Hay también aquellos que consideran la inflación como un resultado de la “puja distributiva”. Es decir, de la capacidad para trasladar el aumento de los costos a los precios. La inflación sería pues consecuencia del poder que distintos sectores sociales tienen para imponer una transferencia de ingresos a su favor o para resistir una transferencia de ingresos que los perjudica. Este análisis reconoce explícita o implícitamente que el fenómeno inflacionario es el resultado de una relación de fuerza. Sin embargo, constituye una verdad a medias pues de ella se infiere que tanto los trabajadores como los empresarios tienen la misma capacidad de determinar los precios. Lo que no se explicita es que cuanto mayor es el control de un mercado, mayor es la capacidad de fijación de precios en forma anticipada. Así, las empresas que controlan de un modo monopólico u oligopólico los mercados de bienes e insumos de importancia estratégica para el conjunto de la economía, pueden fijar precios y condiciones de pago en forma anticipada y de manera independiente a la alteración real de su estructura de costos local, incrementando precios incluso en productos cuyo componente importado es nulo o muy reducido. Esta política de precios se rige por una lógica de acumulación que muchas veces tiene poco que ver con lo que pasa en el mercado interno y depende, en cambio, de la lógica de acumulación del complejo empresario a nivel global y/o transnacional.
De manera que, si bien es cierto que muchos de los fenómenos considerados en los análisis de la inflación que leemos o escuchamos a diario pueden incidir en el proceso inflacionario, la raíz estructural de la inflación argentina reside en última instancia en el control monopólico u oligopólico que grandes empresas nacionales y extranjeras ejercen sobre determinados segmentos de las cadenas de valor de insumos y productos de importancia estratégica. Este poder les permite “tener la sartén por el mango” y determinar precios y condiciones de pago en forma anticipada, y respondiendo a “expectativas” que se derivan de la lógica de maximizar las ganancias de complejos empresarios que son crecientemente globales y transnacionales. A esto se suma el poder de las grandes empresas que controlan el acopio y la comercialización. Estas no sólo pueden determinar precios sino que también pueden transferir a los consumidores los aumentos de precios verificados aguas arriba en las cadenas de valor. El poder de estos grupos empresarios altamente concentrados es mucho mayor que la capacidad que otros sectores sociales tienen de resistir transferencias de ingresos que los desfavorecen. Más allá del relativo poder de negociación salarial existente en ciertas ramas de la industria, el crecimiento económico en condiciones de dependencia tecnológica ha engendrado un desempleo superior a los requerimientos de empleo de la acumulación del capital en el país. Esto ha creado bolsones de pobreza crónica, desempleo estructural y subempleo, que imponen a nivel social severos límites a la capacidad que los asalariados tienen de resistir transferencias de ingresos contrarias a sus intereses. Se produce así una espiral inflacionaria cuyo impulso proviene en primera instancia del control monopólico u oligopólico de los mercados en condiciones de dependencia tecnológica. El desabastecimiento ha sido históricamente el principal mecanismo destinado a producir rápidamente aumentos de precios y por esta vía transferencias de ingresos del resto de la sociedad hacia los sectores más concentrados. Esto afecta seriamente el mercado interno y torna más regresiva la distribución del ingreso. Por más que los salarios se ajusten periódicamente por el incremento de precios, la historia demuestra que en esa carrera los asalariados siempre pierden.
Frente a esta situación, ¿cuál es la salida? Pensamos que es necesario crear nuevos mecanismos que permitan controlar efectivamente los precios y corregir “el abuso de la posición dominante” en los mercados. El Estado debe usar efectivamente el arsenal legal que tiene para ello y debe adaptarlo a los tiempos que vivimos, generando nuevas leyes en defensa de la competencia y del consumidor. Pero tanto o más importante que la reforma institucional y legal que el Estado pueda emprender es necesario que éste cree canales institucionales que permitan una participación organizada de la ciudadanía en el control de la inflación en todas las instancias de la vida social desde la producción de bienes hasta su comercialización. Esto significa superar la estrategia oficial de proveer un número de teléfono para que los ciudadanos informen violaciones de precios acordados por la Secretaría de Comercio Interior (caso de la yerba mate). Significa, en cambio, confiar en la movilización organizada de las energías colectivas y crear un entramado de espacios de control ciudadano de precios, donde las organizaciones y asociaciones que representan a los consumidores, trabajadores, sindicatos, movimientos sociales, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas, proveedores, comerciantes, cámaras empresarias, asociaciones de productores, y miembros de otras formas de organización social, puedan participar en el control de precios y aportar información sobre precios y costos a las instancias de los gobiernos municipal, provincial y nacional que corresponda. Estos espacios de participación ciudadana deberían constituirse en todos los ámbitos de la vida social desde los niveles más básicos, como los barrios y empresas, hasta los niveles más complejos, constituidos por los distintos segmentos de las cadenas de valor de los productos primarios e industriales.
Se trata, pues, de movilizar a la ciudadanía para que en forma ordenada participe en la lucha contra un flagelo que castiga a la enorme mayoría de la población. Estos espacios de participación deben de ser independientes del Estado, pero al mismo tiempo deben de estar enlazados con las instancias gubernamentales en los distintos niveles de gestión. Esto permitirá que estas últimas conozcan en detalle los múltiples cuellos de botella en la circulación de bienes y servicios, y puedan aplicar efectivamente las medidas que correspondan para corregir la situación. Permitirá además algo de importancia crucial: transparencia de la gestión oficial y un mayor control ciudadano sobre la misma. Más aún, estos espacios –donde participarán actores sociales que muchas veces tienen intereses diferentes y contradictorios– podrán engendrar las condiciones para negociar y conciliar las diferencias en pos de un interés común: terminar con la inflación. Esto significa crear condiciones para superar las luchas sectoriales por intereses muchas veces divergentes, articulando esas luchas en una épica que las supera porque pone al desnudo la estructura de poder que constituye hoy día el principal obstáculo para el crecimiento económico con inclusión social. Esto significa, entonces, hacer sintonía fina en la lucha contra la inflación.
Desde nuestra perspectiva, la inflación expresa una relación de fuerzas. Entendemos a la sociedad como una estructura de relaciones de poder (de control y de exclusión de lo que es objeto de control) que cristaliza en relaciones de fuerza entre diversos actores sociales enfrentados a partir de intereses sectoriales de índole económico, político y cultural. En las sociedades modernas, estas relaciones de fuerza giran en torno de un eje central constituido por las relaciones de poder económico, relaciones que se dan en el ámbito de la producción, apropiación y distribución del excedente económico. No se puede comprender el proceso inflacionario y por lo tanto no se puede luchar efectivamente contra él si no se hace visible la estructura de poder que lo origina. Esto significa arrojar luz sobre el conflicto social que constituye el principal obstáculo para lograr un crecimiento económico que beneficie al conjunto de la sociedad. Actualmente, los enfoques sobre la inflación son múltiples y diversos, pero todos comparten algo en común: el desconocimiento de la estructura de poder que le da origen. El conflicto principal se vuelve entonces invisible y las relaciones de poder que lo originan se perpetúan al infinito. Veamos esto un poco más concretamente.
Casi a diario escuchamos o leemos análisis que alertan sobre el aumento de la inflación a partir de una constatación del crecimiento de los índices de precios (sean éstos índices del Indec o de consultoras privadas). Si bien ha habido una aceleración de precios notable en los últimos años, ésta se ha dado juntamente con un aumento del consumo. Esto tiende a indicar que hubo un mejoramiento del poder adquisitivo de muchos estratos de la población. Los aumentos salariales otorgados han permitido a la población “aguantar” la suba de precios y, en muchos casos, consumir más. De ahí que estos análisis constituyen una verdad a medias y no describen ni explican correctamente lo que está ocurriendo. Otros análisis sostienen que la inflación es consecuencia de la emisión monetaria. Proponen entonces la contracción monetaria y el ajuste del gasto fiscal, de los salarios y del consumo para contener la inflación. Estos enfoques ignoran los fracasos de esta política cuando la misma fue aplicada en el pasado en nuestro país. Además desconocen, tal como lo ha señalado el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, su fracaso actual para contener la crisis en Estados Unidos y en Europa. Más aún, ignoran que, de 2008 en adelante, tanto los Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea han experimentado episodios de fuerte expansión monetaria sin que ésta repercutiera sobre los precios internos.
Otros enfoques consideran que la causa principal de la inflación argentina ha sido el aumento internacional de los precios de los commodities y más específicamente de los precios de los alimentos. Esto constituye otra verdad a medias. Si bien es cierto que la suba de los precios internacionales de los productos agropecuarios incide sobre los precios de los alimentos, los gobiernos pueden adoptar, y de hecho adoptan, distintos mecanismos para impedir que esto afecte los precios locales y repercuta negativamente sobre el poder adquisitivo de los asalariados. Hay también aquellos que consideran la inflación como un resultado de la “puja distributiva”. Es decir, de la capacidad para trasladar el aumento de los costos a los precios. La inflación sería pues consecuencia del poder que distintos sectores sociales tienen para imponer una transferencia de ingresos a su favor o para resistir una transferencia de ingresos que los perjudica. Este análisis reconoce explícita o implícitamente que el fenómeno inflacionario es el resultado de una relación de fuerza. Sin embargo, constituye una verdad a medias pues de ella se infiere que tanto los trabajadores como los empresarios tienen la misma capacidad de determinar los precios. Lo que no se explicita es que cuanto mayor es el control de un mercado, mayor es la capacidad de fijación de precios en forma anticipada. Así, las empresas que controlan de un modo monopólico u oligopólico los mercados de bienes e insumos de importancia estratégica para el conjunto de la economía, pueden fijar precios y condiciones de pago en forma anticipada y de manera independiente a la alteración real de su estructura de costos local, incrementando precios incluso en productos cuyo componente importado es nulo o muy reducido. Esta política de precios se rige por una lógica de acumulación que muchas veces tiene poco que ver con lo que pasa en el mercado interno y depende, en cambio, de la lógica de acumulación del complejo empresario a nivel global y/o transnacional.
De manera que, si bien es cierto que muchos de los fenómenos considerados en los análisis de la inflación que leemos o escuchamos a diario pueden incidir en el proceso inflacionario, la raíz estructural de la inflación argentina reside en última instancia en el control monopólico u oligopólico que grandes empresas nacionales y extranjeras ejercen sobre determinados segmentos de las cadenas de valor de insumos y productos de importancia estratégica. Este poder les permite “tener la sartén por el mango” y determinar precios y condiciones de pago en forma anticipada, y respondiendo a “expectativas” que se derivan de la lógica de maximizar las ganancias de complejos empresarios que son crecientemente globales y transnacionales. A esto se suma el poder de las grandes empresas que controlan el acopio y la comercialización. Estas no sólo pueden determinar precios sino que también pueden transferir a los consumidores los aumentos de precios verificados aguas arriba en las cadenas de valor. El poder de estos grupos empresarios altamente concentrados es mucho mayor que la capacidad que otros sectores sociales tienen de resistir transferencias de ingresos que los desfavorecen. Más allá del relativo poder de negociación salarial existente en ciertas ramas de la industria, el crecimiento económico en condiciones de dependencia tecnológica ha engendrado un desempleo superior a los requerimientos de empleo de la acumulación del capital en el país. Esto ha creado bolsones de pobreza crónica, desempleo estructural y subempleo, que imponen a nivel social severos límites a la capacidad que los asalariados tienen de resistir transferencias de ingresos contrarias a sus intereses. Se produce así una espiral inflacionaria cuyo impulso proviene en primera instancia del control monopólico u oligopólico de los mercados en condiciones de dependencia tecnológica. El desabastecimiento ha sido históricamente el principal mecanismo destinado a producir rápidamente aumentos de precios y por esta vía transferencias de ingresos del resto de la sociedad hacia los sectores más concentrados. Esto afecta seriamente el mercado interno y torna más regresiva la distribución del ingreso. Por más que los salarios se ajusten periódicamente por el incremento de precios, la historia demuestra que en esa carrera los asalariados siempre pierden.
Frente a esta situación, ¿cuál es la salida? Pensamos que es necesario crear nuevos mecanismos que permitan controlar efectivamente los precios y corregir “el abuso de la posición dominante” en los mercados. El Estado debe usar efectivamente el arsenal legal que tiene para ello y debe adaptarlo a los tiempos que vivimos, generando nuevas leyes en defensa de la competencia y del consumidor. Pero tanto o más importante que la reforma institucional y legal que el Estado pueda emprender es necesario que éste cree canales institucionales que permitan una participación organizada de la ciudadanía en el control de la inflación en todas las instancias de la vida social desde la producción de bienes hasta su comercialización. Esto significa superar la estrategia oficial de proveer un número de teléfono para que los ciudadanos informen violaciones de precios acordados por la Secretaría de Comercio Interior (caso de la yerba mate). Significa, en cambio, confiar en la movilización organizada de las energías colectivas y crear un entramado de espacios de control ciudadano de precios, donde las organizaciones y asociaciones que representan a los consumidores, trabajadores, sindicatos, movimientos sociales, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas, proveedores, comerciantes, cámaras empresarias, asociaciones de productores, y miembros de otras formas de organización social, puedan participar en el control de precios y aportar información sobre precios y costos a las instancias de los gobiernos municipal, provincial y nacional que corresponda. Estos espacios de participación ciudadana deberían constituirse en todos los ámbitos de la vida social desde los niveles más básicos, como los barrios y empresas, hasta los niveles más complejos, constituidos por los distintos segmentos de las cadenas de valor de los productos primarios e industriales.
Se trata, pues, de movilizar a la ciudadanía para que en forma ordenada participe en la lucha contra un flagelo que castiga a la enorme mayoría de la población. Estos espacios de participación deben de ser independientes del Estado, pero al mismo tiempo deben de estar enlazados con las instancias gubernamentales en los distintos niveles de gestión. Esto permitirá que estas últimas conozcan en detalle los múltiples cuellos de botella en la circulación de bienes y servicios, y puedan aplicar efectivamente las medidas que correspondan para corregir la situación. Permitirá además algo de importancia crucial: transparencia de la gestión oficial y un mayor control ciudadano sobre la misma. Más aún, estos espacios –donde participarán actores sociales que muchas veces tienen intereses diferentes y contradictorios– podrán engendrar las condiciones para negociar y conciliar las diferencias en pos de un interés común: terminar con la inflación. Esto significa crear condiciones para superar las luchas sectoriales por intereses muchas veces divergentes, articulando esas luchas en una épica que las supera porque pone al desnudo la estructura de poder que constituye hoy día el principal obstáculo para el crecimiento económico con inclusión social. Esto significa, entonces, hacer sintonía fina en la lucha contra la inflación.
* Socióloga
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