Cuando Repsol pide 10.500 millones de dólares de indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, conviene recordar cómo se realizó el proceso privatizador de las empresas públicas argentinas, con mínimos desembolsos de los compradores y enorme fuga de divisas.
Cutral-Co. Los desocupados de YPF iniciaron con el piquete, en septiembre de 1996, un nuevo modo de protesta
Por estos días, la petrolera –sin petróleo– Repsol reclama una indemnización de 10.500 millones de dólares al Estado argentino por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Según el CEO de la compañía, Antonio Bruffau, ese sería un precio justo. Mientras las autoridades de la intervención de la petrolera recuperada calculan cuál es el verdadero “precio justo” que deberá pagarle la Argentina a la multinacional con oficinas centrales de Madrid, conviene repasar otros “precios justos” que, en la década del ’90, los inversores extranjeros y sus socios autóctonos desembolsaron realmente para hacerse con la mayoría de las empresas públicas argentinas, con la complicidad del gobierno encabezado por Carlos Menem y su superministro de Economía, Domingo Cavallo.
La ingeniería jurídica básica para hacer posible la entrega del patrimonio nacional consistió en dos leyes ampliamente votadas por el Congreso Nacional. La primera de ellas, de “Reforma del Estado”, autorizó al gobierno a intervenir las empresas públicas, suprimir sus directorios, dividirlas (como en el caso de la telefónica Entel) y eliminar los organismos de control para que quedaran bajo la exclusiva órbita del Poder Ejecutivo. La segunda, de “Emergencia económica”, eliminó todas las normas y reglamentaciones que diferenciaban al capital extranjero del nacional, abriendo las puertas del país a los futuros apropiadores de su patrimonio.
Con estas reglas, el menemismo –aplaudido por los organismos multilaterales del crédito– encontró la manera de ofrecer un negocio a la medida de los “inversores”. Las por entonces tan vilipendiadas empresas estatales fueron remozadas y vestidas de gala antes de ser puestas en venta. En algunas de ellas, como en el caso de YPF, su planta de personal fue reducida al mínimo; en otras, como Entel, se aplicó un aumento de tarifas de alrededor del 400% antes de abrir la licitación.
Pero el mayor de los atractivos fue la absorción por parte del Estado de la casi totalidad de los pasivos de las empresas. El repaso de algunos casos da una imagen acabada de la magnitud de la maniobra.
En 1993, cuando fue privatizada, la eléctrica Segba tenía un pasivo de 4.820 millones de dólares, de los cuales 4.446 millones (el 92%) fueron absorbidos por el Estado, transfiriéndose sólo 374 millones (el 8%) a los adjudicatarios del servicio.
Otro tanto ocurrió con Entel: Telefónica y Telecom –los consorcios ganadores en la licitación más sospechada del proceso privatizador– sólo se hicieron cargo de 380 millones de dólares del pasivo de la empresa, mientras que el Estado asumió los 1.790 millones restantes.
La petrolera YPF acumulaba un pasivo de 11.300 millones de dólares, de los cuales el Estado se hizo cargo de 8.540 (75,5%) entre deuda externa con bancos y compromisos con organismos internacionales, mientras que Repsol sólo se hizo cargo de 2.800 millones. Como si los beneficios no fueran suficientes, el gobierno condonó una parte significativa de la deuda impositiva de la petrolera.
El pasivo de Gas del Estado antes de la privatización alcanzaba los 2.600 millones de dólares, de los cuales sólo 947 (36%) pasaron a los adjudicatarios.
Pero el caso emblemático es el de Aerolíneas Argentinas, que fue tasada por el gobierno en 541 millones de dólares, valorando solamente sus bienes físicos y dejando de lado los llamados “bienes intangibles”, es decir, las rutas, la marca y la trayectoria de la línea aérea de bandera. Pero además, el Estado se hizo cargo de una deuda de 860 millones de dólares. Así, la aerolínea del Estado español, Iberia, compró una compañía saneada por 260 millones de dólares a pagar en cinco años, y el 50% restante en bonos de la deuda argentina a valor nominal, cuando en aquel momento los consiguieron al 14% de ese valor en el mercado. Una operación increíble.
El gobierno menemista explicó semejante entrega de los bienes del Estado diciendo que así se recuperaban los bonos de la deuda externa que se recibieron como parte de pago en todos los procesos de licitación. Sin embargo, esta absorción de deuda fue insignificante comparada con los pasivos que el Estado argentino debió asumir. La realidad muestra que, al contrario de los discursos, la deuda externa argentina no se redujo sino que siguió aumentando a un ritmo sideral.
Según un informe elaborado por el propio Ministerio de Economía, los ingresos al fisco por las privatizaciones alcanzaron los 23.800 millones de dólares, repartidos en 19.400 millones para el sector público nacional y 4.400 millones para las provincias. El 67% corresponde a los pagos realizados por los grupos económicos extranjeros que se adjudicarlos las empresas públicas.
Como contrapartida de estas “inversiones” extranjeras se produjo un fenomenal aumento de las deudas de las empresas privatizadas, en lo que constituyó un verdadero vaciamiento. Entre 1991 y 1999, el total de las obligaciones externas de estas empresas pasó de 984 a 17.555 millones de dólares (se multiplicó casi 20 veces). En el período que va de 1992 a 1999, solamente en concepto por el pago de intereses de estas deudas, las privatizadas giraron al exterior 5.830 millones de dólares. En concepto de utilidades y dividendos, enviaron a sus casas matrices otros 7.500 millones y sacaron al exterior otros 1.556 millones para “pagar” servicios de gerenciamiento.
Un documento estadístico elaborado en 2001 por la Dirección de Cuentas del Ministerio de Economía demuestra que durante los primeros diez años transcurridos después de las privatizaciones, en promedio, de cada dólar ganado en la Argentina, las empresas extranjeras que se hicieron cargo de las viejas compañías estatales giraron 80 centavos a sus casas matrices.
Para entonces muchos de estos grupos ya habían recuperado largamente la inversión inicial. Por ejemplo, para comprar la vieja Entel, Telefónica y Telecom desembolsaron 1.250 millones de dólares, que recuperar con sus ganancias de los primeros cuatro años. En 1999, Telefónica de Argentina tuvo una ganancia de 458 millones de dólares (algo así como 1.250.000 dólares por día), de los cuales sólo reinvirtió el 20%, el 80% restante salió del país por diferentes conceptos.
La memoria de este remate de empresas que abrió las puertas de un vaciamiento empresarial pocas veces visto en el mundo es apenas uno de los costados de la entrega del patrimonio nacional realizada por el menemato y su continuidad delarruista que provocó la virtual quiebra argentina a fines de 2001. A la hora de evaluar la recuperación es imposible dejar de tener en cuenta de cuán abajo se volvió a empezar.
La ingeniería jurídica básica para hacer posible la entrega del patrimonio nacional consistió en dos leyes ampliamente votadas por el Congreso Nacional. La primera de ellas, de “Reforma del Estado”, autorizó al gobierno a intervenir las empresas públicas, suprimir sus directorios, dividirlas (como en el caso de la telefónica Entel) y eliminar los organismos de control para que quedaran bajo la exclusiva órbita del Poder Ejecutivo. La segunda, de “Emergencia económica”, eliminó todas las normas y reglamentaciones que diferenciaban al capital extranjero del nacional, abriendo las puertas del país a los futuros apropiadores de su patrimonio.
Con estas reglas, el menemismo –aplaudido por los organismos multilaterales del crédito– encontró la manera de ofrecer un negocio a la medida de los “inversores”. Las por entonces tan vilipendiadas empresas estatales fueron remozadas y vestidas de gala antes de ser puestas en venta. En algunas de ellas, como en el caso de YPF, su planta de personal fue reducida al mínimo; en otras, como Entel, se aplicó un aumento de tarifas de alrededor del 400% antes de abrir la licitación.
Pero el mayor de los atractivos fue la absorción por parte del Estado de la casi totalidad de los pasivos de las empresas. El repaso de algunos casos da una imagen acabada de la magnitud de la maniobra.
En 1993, cuando fue privatizada, la eléctrica Segba tenía un pasivo de 4.820 millones de dólares, de los cuales 4.446 millones (el 92%) fueron absorbidos por el Estado, transfiriéndose sólo 374 millones (el 8%) a los adjudicatarios del servicio.
Otro tanto ocurrió con Entel: Telefónica y Telecom –los consorcios ganadores en la licitación más sospechada del proceso privatizador– sólo se hicieron cargo de 380 millones de dólares del pasivo de la empresa, mientras que el Estado asumió los 1.790 millones restantes.
La petrolera YPF acumulaba un pasivo de 11.300 millones de dólares, de los cuales el Estado se hizo cargo de 8.540 (75,5%) entre deuda externa con bancos y compromisos con organismos internacionales, mientras que Repsol sólo se hizo cargo de 2.800 millones. Como si los beneficios no fueran suficientes, el gobierno condonó una parte significativa de la deuda impositiva de la petrolera.
El pasivo de Gas del Estado antes de la privatización alcanzaba los 2.600 millones de dólares, de los cuales sólo 947 (36%) pasaron a los adjudicatarios.
Pero el caso emblemático es el de Aerolíneas Argentinas, que fue tasada por el gobierno en 541 millones de dólares, valorando solamente sus bienes físicos y dejando de lado los llamados “bienes intangibles”, es decir, las rutas, la marca y la trayectoria de la línea aérea de bandera. Pero además, el Estado se hizo cargo de una deuda de 860 millones de dólares. Así, la aerolínea del Estado español, Iberia, compró una compañía saneada por 260 millones de dólares a pagar en cinco años, y el 50% restante en bonos de la deuda argentina a valor nominal, cuando en aquel momento los consiguieron al 14% de ese valor en el mercado. Una operación increíble.
El gobierno menemista explicó semejante entrega de los bienes del Estado diciendo que así se recuperaban los bonos de la deuda externa que se recibieron como parte de pago en todos los procesos de licitación. Sin embargo, esta absorción de deuda fue insignificante comparada con los pasivos que el Estado argentino debió asumir. La realidad muestra que, al contrario de los discursos, la deuda externa argentina no se redujo sino que siguió aumentando a un ritmo sideral.
Según un informe elaborado por el propio Ministerio de Economía, los ingresos al fisco por las privatizaciones alcanzaron los 23.800 millones de dólares, repartidos en 19.400 millones para el sector público nacional y 4.400 millones para las provincias. El 67% corresponde a los pagos realizados por los grupos económicos extranjeros que se adjudicarlos las empresas públicas.
Como contrapartida de estas “inversiones” extranjeras se produjo un fenomenal aumento de las deudas de las empresas privatizadas, en lo que constituyó un verdadero vaciamiento. Entre 1991 y 1999, el total de las obligaciones externas de estas empresas pasó de 984 a 17.555 millones de dólares (se multiplicó casi 20 veces). En el período que va de 1992 a 1999, solamente en concepto por el pago de intereses de estas deudas, las privatizadas giraron al exterior 5.830 millones de dólares. En concepto de utilidades y dividendos, enviaron a sus casas matrices otros 7.500 millones y sacaron al exterior otros 1.556 millones para “pagar” servicios de gerenciamiento.
Un documento estadístico elaborado en 2001 por la Dirección de Cuentas del Ministerio de Economía demuestra que durante los primeros diez años transcurridos después de las privatizaciones, en promedio, de cada dólar ganado en la Argentina, las empresas extranjeras que se hicieron cargo de las viejas compañías estatales giraron 80 centavos a sus casas matrices.
Para entonces muchos de estos grupos ya habían recuperado largamente la inversión inicial. Por ejemplo, para comprar la vieja Entel, Telefónica y Telecom desembolsaron 1.250 millones de dólares, que recuperar con sus ganancias de los primeros cuatro años. En 1999, Telefónica de Argentina tuvo una ganancia de 458 millones de dólares (algo así como 1.250.000 dólares por día), de los cuales sólo reinvirtió el 20%, el 80% restante salió del país por diferentes conceptos.
La memoria de este remate de empresas que abrió las puertas de un vaciamiento empresarial pocas veces visto en el mundo es apenas uno de los costados de la entrega del patrimonio nacional realizada por el menemato y su continuidad delarruista que provocó la virtual quiebra argentina a fines de 2001. A la hora de evaluar la recuperación es imposible dejar de tener en cuenta de cuán abajo se volvió a empezar.
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