Lo solicitó el fiscal Guillermo Marijuan al juez Sergio Torres
Es a partir de una denuncia que la UIF presentó en abril pasado, por maniobras financieras sospechosas a través de una compañía creada por los máximos directivos del multimedios en un famoso paraíso fiscal de los Estados Unidos.
Por Carlos Romero
La investigación judicial sobre los principales directivos del Grupo Clarín por su posible participación en maniobras de lavado de dinero acaba de sumar otro capítulo. En vista de la contundencia que tuvo la denuncia que recientemente presentó la Unidad de Información Financiera (UIF) –también adelantada por Tiempo Argentino–, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó al juez que entiende en la causa que disponga las medidas para que estos hechos sean tratados en un expediente aparte. Así lo hizo saber Marijuan al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº1, Sergio Torres, a quien pidió que todo lo señalado por la UIF sea remitido para su sorteo y posterior asignación a un nuevo tribunal.
Un mes atrás, la UIF había acusado al multimedios de protagonizar una compleja trama de operaciones cruzadas, con fondos varias veces millonarios cuya pista se perdía en medio de una intrincada compra y venta de acciones. El informe elevado por la entidad que encabeza José Sbatella incluía movimientos back to back –una práctica comúnmente utilizada para “blanquear” dinero obtenido de forma irregular–, la creación de una sociedad radicada en uno de los paraísos fiscales de moda y para la que se invirtió apenas un puñado de dólares, la inmediata obtención de un generoso crédito y las idas y vueltas de un paquete accionario que, finalmente, siempre terminaba en las mismas manos.
Todas estas circunstancias fueron detalladas por la UIF en su Reporte de Operación Sospechosa (ROF) Nº 7549, que originalmente se incorporó como un apéndice al Expediente Nº 9232/08. En esa causa se indaga, entre otros, a la cúpula del Grupo Clarín por la posible comisión del “delito de acción pública”. Se inició en 2008, luego de que el arrepentido Hernán Arbizu, un operador de Wall Street que trabajaba para la banca JP Morgan, denunciara la existencia de cuentas bancarias no declaradas de empresarios argentinos.
“Esta parte entiende que nos encontramos ante un nuevo hecho, escindible de ser investigado en las presentes actuaciones, razón por la cual habrá de solicitar que se proceda a la extracción de los testimonios pertinentes, para su posterior remisión a sorteo”, sostuvo Marijuan, titular de la Fiscalía Federal Nº 9, en su escrito del 26 de abril último, al que este diario accedió en exclusiva.
Las alertas habían sonado en la UIF casi dos años atrás, el 19 de agosto de 2010, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó en las finanzas del multimedios una serie de movimientos que consideró sumamente llamativos. En lo concreto, fueron transferencias operadas en seis cuentas: cinco de ellas radicadas en el JP Morgan Chase Bank SA, de Nueva York, y una en el First Overseas Bank Limited, todas a nombre del holding que manejan Ernestina Herrera de Noble y su CEO, Héctor Magnetto. Cuando la AFIP requirió a la empresa la documentación para respaldar el origen de ese dinero, entonces surgió un verdadero juego de cajas chinas societarias, el mismo que ahora Marijuan pide que sea tratado, por así decirlo, en su propio tablero.
La pieza clave es una sociedad de nombre GCSA Investment LLC, con sede en el pequeño estado de Delaware, en los EE UU, famoso por liderar el ranking de sitios con las reglas fiscales más opacas del planeta. Allí es donde la viuda de Noble, Magnetto y los directivos José Aranda y Lucio Pagliaro pusieron en funcionamiento a esta firma, en mayo de 2008, invirtiendo tan sólo 100 dólares. Desde entonces GCSA permaneció sin actividad, pero ni eso, ni el exiguo capital con que fue constituida, impidió que recibiera una millonaria inyección de fondos, gracias a un crédito de 6 millones de dólares otorgado por el Credit Suisse International, de Londres. “Del cual no se tiene documentación respaldatoria alguna”, remarcó Marijuan. Más tarde, mediante dos contratos con Clarín por cerca de 9 millones de dólares, GCSA llegaría a alzarse con el 6,6% de la Compañía Inversora en Medios de Comunicación (Cimeco), que no es sino otro de los activos del mismo multimedios (ver aparte).
Para el fiscal, si bien estos episodios poseen una clara conexión con todo lo investigado en la antes mencionada causa 9232/08, abierta con la confesión de Arbizu, también existen varias razones para convencer al juez Torres de que la última presentación hecha por la UIF debe ser motivo de estudio de una pesquisa particular.
A saber:
–El volumen de las operaciones en cuestión, con recursos “cuyo origen ni se encontraría respaldado de manera alguna”, como se desprende de la documentación aportada hasta el momento por la empresa y remitida por el Banco Central de la República Argentina.
–La participación de varias compañías que, en realidad, integran un mismo holding. Sólo en el caso de la pata local, se puede decir que Grupo Clarín SA posee el 99,99% de las acciones de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA), que a su vez es tenedora del 33,33% del paquete de Cimeco.
–La creación de “estructuras jurídicas” radicadas en un distrito con reglas impositivas tan laxas como Delaware, que incluso desbancó a clásicos como las Islas Caimán o las Bahamas en materia de paraísos fiscales, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
–El breve período en que se realizaron las varias transacciones millonarias –no más de cinco meses–, que además involucraron a una empresa, GCSA Investment LLC, que por entonces carecía de actividad, lo que no pareció importarle al Credit Suisse.
–El hecho de que AGEA, según el Banco Central, no haya recibido en el país ningún dinero girado por GCSA. Clarín había dicho que la primera transferencia de acciones de Cimeco a GCSA –el 4,9% del paquete, en junio de 2008– había sido fruto de la cancelación de una deuda que el grupo mantenía con AGEA, una de sus controlantes.
Por último, Marijuan recordó que el expediente originado en los dichos de Arbizu “está única y exclusivamente circunscripto al modo y forma en que la JP Morgan Chase Bank procedía en nuestro país a la captación de clientes”. Por eso, desde su punto de vista, si no se hace lugar a su pedido, entonces en un futuro “nos encontraríamos condicionados a investigar todas las presentaciones en las que estuviera involucrada la mencionada entidad bancaria”.
Así, a pesar de la opacidad de Delaware y las maniobras cruzadas, la justicia argentina avanza en su intento por desentrañar los complejos laberintos financieros del multimedios.
Un mes atrás, la UIF había acusado al multimedios de protagonizar una compleja trama de operaciones cruzadas, con fondos varias veces millonarios cuya pista se perdía en medio de una intrincada compra y venta de acciones. El informe elevado por la entidad que encabeza José Sbatella incluía movimientos back to back –una práctica comúnmente utilizada para “blanquear” dinero obtenido de forma irregular–, la creación de una sociedad radicada en uno de los paraísos fiscales de moda y para la que se invirtió apenas un puñado de dólares, la inmediata obtención de un generoso crédito y las idas y vueltas de un paquete accionario que, finalmente, siempre terminaba en las mismas manos.
Todas estas circunstancias fueron detalladas por la UIF en su Reporte de Operación Sospechosa (ROF) Nº 7549, que originalmente se incorporó como un apéndice al Expediente Nº 9232/08. En esa causa se indaga, entre otros, a la cúpula del Grupo Clarín por la posible comisión del “delito de acción pública”. Se inició en 2008, luego de que el arrepentido Hernán Arbizu, un operador de Wall Street que trabajaba para la banca JP Morgan, denunciara la existencia de cuentas bancarias no declaradas de empresarios argentinos.
“Esta parte entiende que nos encontramos ante un nuevo hecho, escindible de ser investigado en las presentes actuaciones, razón por la cual habrá de solicitar que se proceda a la extracción de los testimonios pertinentes, para su posterior remisión a sorteo”, sostuvo Marijuan, titular de la Fiscalía Federal Nº 9, en su escrito del 26 de abril último, al que este diario accedió en exclusiva.
Las alertas habían sonado en la UIF casi dos años atrás, el 19 de agosto de 2010, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó en las finanzas del multimedios una serie de movimientos que consideró sumamente llamativos. En lo concreto, fueron transferencias operadas en seis cuentas: cinco de ellas radicadas en el JP Morgan Chase Bank SA, de Nueva York, y una en el First Overseas Bank Limited, todas a nombre del holding que manejan Ernestina Herrera de Noble y su CEO, Héctor Magnetto. Cuando la AFIP requirió a la empresa la documentación para respaldar el origen de ese dinero, entonces surgió un verdadero juego de cajas chinas societarias, el mismo que ahora Marijuan pide que sea tratado, por así decirlo, en su propio tablero.
La pieza clave es una sociedad de nombre GCSA Investment LLC, con sede en el pequeño estado de Delaware, en los EE UU, famoso por liderar el ranking de sitios con las reglas fiscales más opacas del planeta. Allí es donde la viuda de Noble, Magnetto y los directivos José Aranda y Lucio Pagliaro pusieron en funcionamiento a esta firma, en mayo de 2008, invirtiendo tan sólo 100 dólares. Desde entonces GCSA permaneció sin actividad, pero ni eso, ni el exiguo capital con que fue constituida, impidió que recibiera una millonaria inyección de fondos, gracias a un crédito de 6 millones de dólares otorgado por el Credit Suisse International, de Londres. “Del cual no se tiene documentación respaldatoria alguna”, remarcó Marijuan. Más tarde, mediante dos contratos con Clarín por cerca de 9 millones de dólares, GCSA llegaría a alzarse con el 6,6% de la Compañía Inversora en Medios de Comunicación (Cimeco), que no es sino otro de los activos del mismo multimedios (ver aparte).
Para el fiscal, si bien estos episodios poseen una clara conexión con todo lo investigado en la antes mencionada causa 9232/08, abierta con la confesión de Arbizu, también existen varias razones para convencer al juez Torres de que la última presentación hecha por la UIF debe ser motivo de estudio de una pesquisa particular.
A saber:
–El volumen de las operaciones en cuestión, con recursos “cuyo origen ni se encontraría respaldado de manera alguna”, como se desprende de la documentación aportada hasta el momento por la empresa y remitida por el Banco Central de la República Argentina.
–La participación de varias compañías que, en realidad, integran un mismo holding. Sólo en el caso de la pata local, se puede decir que Grupo Clarín SA posee el 99,99% de las acciones de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA), que a su vez es tenedora del 33,33% del paquete de Cimeco.
–La creación de “estructuras jurídicas” radicadas en un distrito con reglas impositivas tan laxas como Delaware, que incluso desbancó a clásicos como las Islas Caimán o las Bahamas en materia de paraísos fiscales, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
–El breve período en que se realizaron las varias transacciones millonarias –no más de cinco meses–, que además involucraron a una empresa, GCSA Investment LLC, que por entonces carecía de actividad, lo que no pareció importarle al Credit Suisse.
–El hecho de que AGEA, según el Banco Central, no haya recibido en el país ningún dinero girado por GCSA. Clarín había dicho que la primera transferencia de acciones de Cimeco a GCSA –el 4,9% del paquete, en junio de 2008– había sido fruto de la cancelación de una deuda que el grupo mantenía con AGEA, una de sus controlantes.
Por último, Marijuan recordó que el expediente originado en los dichos de Arbizu “está única y exclusivamente circunscripto al modo y forma en que la JP Morgan Chase Bank procedía en nuestro país a la captación de clientes”. Por eso, desde su punto de vista, si no se hace lugar a su pedido, entonces en un futuro “nos encontraríamos condicionados a investigar todas las presentaciones en las que estuviera involucrada la mencionada entidad bancaria”.
Así, a pesar de la opacidad de Delaware y las maniobras cruzadas, la justicia argentina avanza en su intento por desentrañar los complejos laberintos financieros del multimedios.
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