Los diferendos en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe plantean un debate de alcance nacional. Hay casos donde la valuación gravada es apenas un 10% de la real que se ha disparado por la rentabilidad. Una reforma necesaria.
Por Arturo Trinelli y Ethel Ockier
La reforma que se busca aprobar en la provincia más grande y rica del país anticipa una discusión en el mismo sentido a nivel nacional.
En efecto, la subvaluación fiscal de la tierra es un problema que tiene un alcance general en la Argentina. Naturalmente, hay zonas geográficas donde el valor de mercado de la tierra se ha incrementado más que en otros pero, en general, dos tendencias se cumplen: subvaluación fiscal de los terrenos y la contribución marginal del inmobiliario rural en la recaudación impositiva de los estados provinciales o municipales. Esto plantea una reactualización del debate sobre el aporte tributario patrimonial en una nación cuya estructura impositiva sigue estando predominantemente basada en impuestos regresivos.
EN BUENOS AIRES.
El proyecto de reforma impositiva en la provincia permitiría incrementar la recaudación tributaria en más de 2000 millones de pesos por subas en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural. Esto motivó la protesta de entidades agropecuarias, en rechazo a una medida que consideran “injusta y confiscatoria”. Argumentando que la nueva valuación fiscal de los campos ascenderá a 300% en el impuesto inmobiliario rural, y más del 600% en la renta mínima presunta, los representantes del “campo” amenazaron con un nuevo lockout agropecuario, convocando durante la semana a un cese en la comercialización de granos y hacienda. La queja de los propietarios es porque la nueva valuación fiscal podría llevarlos a pagar ganancia mínima presunta y bienes personales a nivel nacional.
La reforma impositiva contempla un incremento del inmobiliario rural que sólo afecta al 40% de los propietarios de tierras. La “defensa de pequeños productores” que esgrimen las corporaciones agrarias para oponerse al proyecto encubre un respaldo a los intereses de grandes terratenientes, beneficiados durante años por el congelamiento de lo que tributan por sus dominios. Las transformaciones del modo de producción en el sector agropecuario, propias del capitalismo agrario, hoy desvirtúan aquel imaginario de un “campo” argentino homogéneo y balanceado entre pequeños productores. Nuevos actores del agronegocio, como los grandes pooles de siembra, actualmente dejan para el pequeño productor una participación marginal en la captación de la renta agraria, y la iniciativa para modificar el inmobiliario rural pretende gravar en consecuencia esos sectores.
“La reforma del inmobiliario rural tiene fundamentos más conceptuales que económicos”, dice a Tiempo Argentino Silvina Bakatis, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Según Bakatis, la base imponible sobre la cual se establecía la alícuota, que pretende llevarse de un 10-25% del valor de mercado a un promedio del 30 y 40% –llegando sólo en casos excepcionales al 50%– va en el sentido de dar más equidad a la carga tributaria aumentando la progresividad, es decir, que paguen más los más ricos. “La recaudación que representa el nuevo cálculo hecho al considerar la revaluación de las tierras se estima en $ 300 millones adicionales para el fisco, donde pasaríamos de recaudar $ 1000 millones a $ 1300 millones. Si tenemos en cuenta que la recaudación total de la provincia asciende a $ 45 mil millones, en realidad estamos hablando de una contribución marginal en términos económicos. En ese sentido, hablar de “necesidades de caja”, tal como argumentan las patronales rurales, es un absurdo”, asegura la ministra. Así, lejos del “tarifazo” con el que las entidades agropecuarias presentaron la iniciativa, el inmobiliario rural contribuye en la provincia en el 1 o 2% del total de recursos tributarios. Queda claro, pues, que el sector agropecuario está lejos de ser el de mayor presión tributaria en la provincia.
SITUACIÓN EN OTRAS PROVINCIAS, UN PROBLEMA NACIONAL.
Aún sin un catastro nacional que registre a los dueños de las tierras en la Argentina, Tiempo no pudo comprobar la inquietante falta de información que tienen las provincias sobre la situación patrimonial de las tierras y las cargas impositivas aplicadas en sus propios territorios. En algunos casos, las Secretarías de Tierras cumplen una función casi testimonial; en otros, las Direcciones de Rentas no cuentan con datos sistematizados y fácilmente disponibles. Sin embargo, hay un denominador común: la participación del inmobiliario rural en la recaudación impositiva es en cada una menor, y en la mayoría la valuación fiscal vigente se mantiene congelada desde hace décadas.
Algunos ejemplos permiten ilustrar esta realidad. En Santa Fe el valor promedio del impuesto inmobiliario rural es de apenas $ 11 por hectárea, lo que ha promovido un proyecto de reforma fiscal para adecuar los valores que aún datan del año 1974. “Cuando el país crece a tasas importantes, la menor recaudación de impuestos provinciales se disfraza, pero cuando se crece menos, los problemas derivados de la menor autonomía fiscal aparecen”, sostuvo el gobernador, Antonio Bonfatti. La valuación fiscal de los campos santafesinos no supera el 10% del valor de mercado; el proyecto de reforma que se está tratando en la Legislatura impulsa un incremento.
Otra provincia donde abundan campos de gran rentabilidad es Entre Ríos. Allí, el inmobiliario rural tampoco constituye una fuente de ingresos destacada para el fisco. “Entre Ríos tiene una capacidad recaudatoria de $ 17 mil millones. Hasta hace poco tiempo, el inmobiliario rural representaba apenas $ 140 millones, es decir, el 0,8% del presupuesto provincial. Algo insignificante”, asegura Marcelo Casaretto, director ejecutivo de la Administradora Tributaria de la provincia. Entre 1992 y 2009, se aplicaban sólo parcialmente las normas tributarias locales (leyes 8672 y 9930), pero desde este año tienen ya plena vigencia. La forma de cálculo consiste en la división de las tierras en 64 modelos productivos a los que se les va asignando un porcentaje que varía en función de la renta que se presume de las tierras, pero que en ningún caso supera el 30% del valor de mercado. “El mejor campo acá paga como máximo $ 368 por hectárea al año, o $ 32 por mes. Las entidades agropecuarias protestan porque hablan de porcentajes de aumento del inmobiliario rural, que efectivamente se incrementó, pero en realidad hay que considerar la capacidad contributiva del sector, que si bien hoy es mayor, sigue siendo muy baja”, sostiene Casaretto, quien recuerda que Entre Ríos ha sido una de las primeras provincias en dar esta discusión.
La expansión de la frontera agrícola de las últimas décadas hoy comprende a provincias que no solamente pertenecen a la región pampeana. Tal es, por ejemplo, el caso de San Juan, donde hubo un 20% de revalúo por catastro desde el 2006, aunque la alícuota no se modificó. En Salta, desde hace ya dos años se discute el revalúo fiscal de las tierras. Hasta hace poco, la provincia sólo registraba un millón de hectáreas productivas, pero había otro millón igualmente provechosas que para el estado provincial eran clandestinas. A mediados del 2011 se efectuó un revalúo, donde subieron entre cuatro y seis veces sus valores fiscales. Sin embargo, se estima que aún continúan por lo menos 8 veces por debajo del valor de mercado. “El revalúo fiscal que se hizo en la provincia terminó siendo un acuerdo con los dueños de la tierra” –afirma Claudio Del Plá, diputado provincial por el Partido Obrero, autor e impulsor del Proyecto de revalúo. “En la zona del Chaco salteño se duplicó el área sembrada y las reconsideraciones sobre el valor fiscal de las tierras se hizo con la aprobación de sus dueños, pero como se arrancaba de niveles muy bajos, se presentó ese revalúo como si fuese una reforma progresiva en el cobro del inmobiliario rural, lo cual es una farsa porque la Junta de Catastros es un organismo conformado por representantes del gobierno y de las cámaras empresarias o corporaciones agrarias, como la Sociedad Rural local”, denuncia ante la consulta de Tiempo. En el presupuesto de Salta de 2011, en tanto, se pensaba recaudar apenas 14 millones de pesos por cobro de inmobiliario rural de los 10 mil millones de recaudación de la provincia, es decir, apenas el 0,14% de los ingresos totales, lo que también indica su exigua contribución.
CONCLUSIONES.
La distorsión que existe en los valores del inmobiliario rural demanda una urgente actualización en sintonía con el aumento exponencial del valor de la tierra como consecuencia, entre otros factores, del incremento en la cotización de productos agropecuarios, en especial la soja. El martes pasado, este diario informó que en los últimos diez años el valor de la tierra en la provincia de Buenos Aires se expandió en un 570%, mientras que el inmobiliario rural no se ha modificado en veinte años. De manera que la reactualización de los valores fiscales con los de mercado casi no admite discusión.
En general, podría decirse que muchos de los debates en curso en provincias que impulsan reformas impositivas deberían replantear la incidencia relativa actual de la recaudación patrimonial en sus ingresos fiscales. La reconsideración de la imposición de los patrimonios, en países donde se sigue trabajando por mayor igualdad en la distribución de la riqueza, vuelve imprescindible toda iniciativa a favor de mayor progresividad en los impuestos, consolidando el patrimonio como insumo tributario clave de la recaudación. <
REGIONES Y TRIBUTOS
La reforma impositiva bonaerense y las que se discuten en otras provincias intentan fortalecer la recaudación de algunos distritos con problemas financieros, generalmente explicados por la falta de voluntad política para modificar el esquema de coparticipación vigente.
Sin embargo, más allá de la importancia del debate, poco se dice sobre la responsabilidad de las dirigencias locales en la administración financiera de los distritos y de la capacidad de las provincias en generar recursos por sí mismas. En ese sentido, podrían distinguirse tres grandes grupos.
Entre las más grandes, como Buenos Aires, el 60% de la recaudación provincial proviene de impuestos propios, lo que les permite mayor autonomía relativa de la Nación. Desde el año pasado, por ejemplo, la provincia cobra impuesto a la herencia, que había dejado de tributarse desde la época de Martínez de Hoz.
Para el fisco bonaerense esa recaudación representa $ 40 millones. En la reforma impositiva propuesta, además, se acordó gravar servicios de telefonía móvil y la TV por cable, que hasta ahora eran beneficiadas de exenciones impositivas. Provincias “medianas”, como Córdoba y Santa Fe, tienen un 35% de recaudación propia y las más chicas oscilan entre un 15 y un 20 por ciento. La situación financiera de algunas provincias ha provocado la revisión de programas económicos y muchas de ellas debieron recurrir al gobierno nacional para refinanciar sus pasivos. El año pasado la presidenta Cristina Fernández anunció el Plan Federal de Desendeudamiento, según el cual las más comprometidas consiguieron refinanciar los vencimientos que tenían en los próximos dos años con la Nación.
Junto a otras medidas, como la implementación del Fondo Federal Solidario de coparticipación de los recursos de la soja –que distribuirá alrededor de $ 7000 millones este año– se intenta de este modo descomprimir las cuentas públicas provinciales.
TERRATENIENTES EXTRANJEROS
Un caso curioso es el de los grandes terratenientes extranjeros, que hasta la sanción de la ley de tierras se vieron beneficiados para comprar indiscriminadamente hectáreas en todo el país. Si bien hay muchos a lo largo de la Argentina, es en la Patagonia donde se registran los más conocidos, como el de Joe Lewis, quien posee miles de hectáreas en la zona de El Bolsón, lo que incluye la apropiación del Lago Escondido. En Río Negro, el impuesto inmobiliario rural representa menos del 1% de los recursos tributarios propios de la provincia. El método valuatorio está aprobado por ley, pero no discrimina por costo productivo. En consecuencia, un terrateniente como Lewis, que posee tierras de gran valor natural, paga lo mismo que las consideradas menos productivas. La Legislatura provincial acaba de discutir un proyecto de reforma tributaria que para el Inmobiliario introduce una actualización: el cálculo pasa a resolverse sobre el 80% de la valuación, cuando se definía antes sobre el 60 por ciento. En la sesión en la que se aprobó la ley, la legisladora del ARI Magdalena Odarda interrogó acerca de la situación tributaria de Lewis, que en la zona de Sierra Grande no paga tasas municipales. Para seguir de cerca casos semejantes en la provincia, se acaba de crear la Comisión Investigadora de Tierras Fiscales, presidida por la propia Odarda.
–¿Qué opinión le merece el carácter del impuesto que se quiere aplicar en Bs. As.?
–Lo que se está haciendo es analizar el valor actual de un bien de uso y verificar cuál es la base imponible de un impuesto que se aplica sobre un activo. El revalúo tiene en consideración el valor de mercado y la evolución a lo largo del tiempo.
–¿Es un tema que tiene alcance nacional?
–Esto es una potestad de las provincias y cómo ha evolucionado la base impositiva en cada una de ellas difiere de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando tecnología para el uso de los suelos y a las condiciones del mercado de los productos. La Argentina en los últimos diez años ha tenido en el mercado inmobiliario rural, un incremento que va desde el 300 hasta el 600 por ciento. Esto marca que se está generando un volumen de renta acorde.
–¿Es posible determinar lineamientos nacionales para tener una política integral?
–No, el impuesto nacional que se aplica sobre la valuación fiscal es el impuesto al patrimonio. La medida de los gobiernos provinciales tiene un impacto local pero también sobre la recaudación nacional porque impacta sobre bienes personales. La nación no puede legislar sobre lo que es potestad constitucional de las provincias.
–Hoy son los grandes pooles de siembra los que les alquilan a los pequeños y a los grandes, ¿una variación del impuesto inmobiliario a quién afecta?
–Afecta al dueño del bien.
–¿Cuál es entonces la manera de descargar ese impuesto sobre los que se llevan la renta más grande?
–Va a haber un reajuste de mercado en lo que respecta al valor de alquiler y de las aparcerías. Si el mercado no da para pagar un valor adicional y marca que lo máximo que puede pagar es determinada cantidad de quintales, disminuirá la renta del tenedor del bien e impactará sobre quien tiene un valor estrictamente de renta y no de producción. El mercado inmobiliario va a tender a trasladar este incremento a quién usufructúa.
–Esa rentabilidad, ¿es compatible con el actual sistema de retenciones?
–Las retenciones son una política de cambio diferencial. Para quien tiene mercado interno no impacta. Se aplican sobre productos que hoy tienen una competitividad diferencial respecto a otros cultivos y actividades de la economía.
–¿Las medidas de actualización del IIR están asociadas a la situación fiscal de las provincias?
–No. Si el valor de la tierra hace diez años fuese el mismo que ahora y hubiera un revalúo que no está ligado a una condición de mercado, uno podría especular con una segunda intención, pero cuando el valor de la tierra se incrementó de manera tan importante, es una responsabilidad de los legisladores que haya equidad en términos de lo que significa la contribución al fisco
–¿Cuál es la situación de aplicación de este impuesto en otros países de la región, por ejemplo, Brasil?
–Típicamente es un impuesto que lo aplica cada uno de los estados porque son constituciones federales. No es así el caso de Bolivia y Paraguay donde los sistemas son unitarios y donde la asignación de los impuestos tiene una base nacional. La Argentina tiene establecido en su Constitución Nacional que las provincias son pre existentes al concepto de nación y hay una voluntad de unificación, lo mismo ocurre en los EE UU y en Brasil.
En efecto, la subvaluación fiscal de la tierra es un problema que tiene un alcance general en la Argentina. Naturalmente, hay zonas geográficas donde el valor de mercado de la tierra se ha incrementado más que en otros pero, en general, dos tendencias se cumplen: subvaluación fiscal de los terrenos y la contribución marginal del inmobiliario rural en la recaudación impositiva de los estados provinciales o municipales. Esto plantea una reactualización del debate sobre el aporte tributario patrimonial en una nación cuya estructura impositiva sigue estando predominantemente basada en impuestos regresivos.
El proyecto de reforma impositiva en la provincia permitiría incrementar la recaudación tributaria en más de 2000 millones de pesos por subas en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural. Esto motivó la protesta de entidades agropecuarias, en rechazo a una medida que consideran “injusta y confiscatoria”. Argumentando que la nueva valuación fiscal de los campos ascenderá a 300% en el impuesto inmobiliario rural, y más del 600% en la renta mínima presunta, los representantes del “campo” amenazaron con un nuevo lockout agropecuario, convocando durante la semana a un cese en la comercialización de granos y hacienda. La queja de los propietarios es porque la nueva valuación fiscal podría llevarlos a pagar ganancia mínima presunta y bienes personales a nivel nacional.
La reforma impositiva contempla un incremento del inmobiliario rural que sólo afecta al 40% de los propietarios de tierras. La “defensa de pequeños productores” que esgrimen las corporaciones agrarias para oponerse al proyecto encubre un respaldo a los intereses de grandes terratenientes, beneficiados durante años por el congelamiento de lo que tributan por sus dominios. Las transformaciones del modo de producción en el sector agropecuario, propias del capitalismo agrario, hoy desvirtúan aquel imaginario de un “campo” argentino homogéneo y balanceado entre pequeños productores. Nuevos actores del agronegocio, como los grandes pooles de siembra, actualmente dejan para el pequeño productor una participación marginal en la captación de la renta agraria, y la iniciativa para modificar el inmobiliario rural pretende gravar en consecuencia esos sectores.
“La reforma del inmobiliario rural tiene fundamentos más conceptuales que económicos”, dice a Tiempo Argentino Silvina Bakatis, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Según Bakatis, la base imponible sobre la cual se establecía la alícuota, que pretende llevarse de un 10-25% del valor de mercado a un promedio del 30 y 40% –llegando sólo en casos excepcionales al 50%– va en el sentido de dar más equidad a la carga tributaria aumentando la progresividad, es decir, que paguen más los más ricos. “La recaudación que representa el nuevo cálculo hecho al considerar la revaluación de las tierras se estima en $ 300 millones adicionales para el fisco, donde pasaríamos de recaudar $ 1000 millones a $ 1300 millones. Si tenemos en cuenta que la recaudación total de la provincia asciende a $ 45 mil millones, en realidad estamos hablando de una contribución marginal en términos económicos. En ese sentido, hablar de “necesidades de caja”, tal como argumentan las patronales rurales, es un absurdo”, asegura la ministra. Así, lejos del “tarifazo” con el que las entidades agropecuarias presentaron la iniciativa, el inmobiliario rural contribuye en la provincia en el 1 o 2% del total de recursos tributarios. Queda claro, pues, que el sector agropecuario está lejos de ser el de mayor presión tributaria en la provincia.
SITUACIÓN EN OTRAS PROVINCIAS, UN PROBLEMA NACIONAL.
Aún sin un catastro nacional que registre a los dueños de las tierras en la Argentina, Tiempo no pudo comprobar la inquietante falta de información que tienen las provincias sobre la situación patrimonial de las tierras y las cargas impositivas aplicadas en sus propios territorios. En algunos casos, las Secretarías de Tierras cumplen una función casi testimonial; en otros, las Direcciones de Rentas no cuentan con datos sistematizados y fácilmente disponibles. Sin embargo, hay un denominador común: la participación del inmobiliario rural en la recaudación impositiva es en cada una menor, y en la mayoría la valuación fiscal vigente se mantiene congelada desde hace décadas.
Algunos ejemplos permiten ilustrar esta realidad. En Santa Fe el valor promedio del impuesto inmobiliario rural es de apenas $ 11 por hectárea, lo que ha promovido un proyecto de reforma fiscal para adecuar los valores que aún datan del año 1974. “Cuando el país crece a tasas importantes, la menor recaudación de impuestos provinciales se disfraza, pero cuando se crece menos, los problemas derivados de la menor autonomía fiscal aparecen”, sostuvo el gobernador, Antonio Bonfatti. La valuación fiscal de los campos santafesinos no supera el 10% del valor de mercado; el proyecto de reforma que se está tratando en la Legislatura impulsa un incremento.
Otra provincia donde abundan campos de gran rentabilidad es Entre Ríos. Allí, el inmobiliario rural tampoco constituye una fuente de ingresos destacada para el fisco. “Entre Ríos tiene una capacidad recaudatoria de $ 17 mil millones. Hasta hace poco tiempo, el inmobiliario rural representaba apenas $ 140 millones, es decir, el 0,8% del presupuesto provincial. Algo insignificante”, asegura Marcelo Casaretto, director ejecutivo de la Administradora Tributaria de la provincia. Entre 1992 y 2009, se aplicaban sólo parcialmente las normas tributarias locales (leyes 8672 y 9930), pero desde este año tienen ya plena vigencia. La forma de cálculo consiste en la división de las tierras en 64 modelos productivos a los que se les va asignando un porcentaje que varía en función de la renta que se presume de las tierras, pero que en ningún caso supera el 30% del valor de mercado. “El mejor campo acá paga como máximo $ 368 por hectárea al año, o $ 32 por mes. Las entidades agropecuarias protestan porque hablan de porcentajes de aumento del inmobiliario rural, que efectivamente se incrementó, pero en realidad hay que considerar la capacidad contributiva del sector, que si bien hoy es mayor, sigue siendo muy baja”, sostiene Casaretto, quien recuerda que Entre Ríos ha sido una de las primeras provincias en dar esta discusión.
La expansión de la frontera agrícola de las últimas décadas hoy comprende a provincias que no solamente pertenecen a la región pampeana. Tal es, por ejemplo, el caso de San Juan, donde hubo un 20% de revalúo por catastro desde el 2006, aunque la alícuota no se modificó. En Salta, desde hace ya dos años se discute el revalúo fiscal de las tierras. Hasta hace poco, la provincia sólo registraba un millón de hectáreas productivas, pero había otro millón igualmente provechosas que para el estado provincial eran clandestinas. A mediados del 2011 se efectuó un revalúo, donde subieron entre cuatro y seis veces sus valores fiscales. Sin embargo, se estima que aún continúan por lo menos 8 veces por debajo del valor de mercado. “El revalúo fiscal que se hizo en la provincia terminó siendo un acuerdo con los dueños de la tierra” –afirma Claudio Del Plá, diputado provincial por el Partido Obrero, autor e impulsor del Proyecto de revalúo. “En la zona del Chaco salteño se duplicó el área sembrada y las reconsideraciones sobre el valor fiscal de las tierras se hizo con la aprobación de sus dueños, pero como se arrancaba de niveles muy bajos, se presentó ese revalúo como si fuese una reforma progresiva en el cobro del inmobiliario rural, lo cual es una farsa porque la Junta de Catastros es un organismo conformado por representantes del gobierno y de las cámaras empresarias o corporaciones agrarias, como la Sociedad Rural local”, denuncia ante la consulta de Tiempo. En el presupuesto de Salta de 2011, en tanto, se pensaba recaudar apenas 14 millones de pesos por cobro de inmobiliario rural de los 10 mil millones de recaudación de la provincia, es decir, apenas el 0,14% de los ingresos totales, lo que también indica su exigua contribución.
CONCLUSIONES.
La distorsión que existe en los valores del inmobiliario rural demanda una urgente actualización en sintonía con el aumento exponencial del valor de la tierra como consecuencia, entre otros factores, del incremento en la cotización de productos agropecuarios, en especial la soja. El martes pasado, este diario informó que en los últimos diez años el valor de la tierra en la provincia de Buenos Aires se expandió en un 570%, mientras que el inmobiliario rural no se ha modificado en veinte años. De manera que la reactualización de los valores fiscales con los de mercado casi no admite discusión.
En general, podría decirse que muchos de los debates en curso en provincias que impulsan reformas impositivas deberían replantear la incidencia relativa actual de la recaudación patrimonial en sus ingresos fiscales. La reconsideración de la imposición de los patrimonios, en países donde se sigue trabajando por mayor igualdad en la distribución de la riqueza, vuelve imprescindible toda iniciativa a favor de mayor progresividad en los impuestos, consolidando el patrimonio como insumo tributario clave de la recaudación. <
REGIONES Y TRIBUTOS
La reforma impositiva bonaerense y las que se discuten en otras provincias intentan fortalecer la recaudación de algunos distritos con problemas financieros, generalmente explicados por la falta de voluntad política para modificar el esquema de coparticipación vigente.
Sin embargo, más allá de la importancia del debate, poco se dice sobre la responsabilidad de las dirigencias locales en la administración financiera de los distritos y de la capacidad de las provincias en generar recursos por sí mismas. En ese sentido, podrían distinguirse tres grandes grupos.
Entre las más grandes, como Buenos Aires, el 60% de la recaudación provincial proviene de impuestos propios, lo que les permite mayor autonomía relativa de la Nación. Desde el año pasado, por ejemplo, la provincia cobra impuesto a la herencia, que había dejado de tributarse desde la época de Martínez de Hoz.
Para el fisco bonaerense esa recaudación representa $ 40 millones. En la reforma impositiva propuesta, además, se acordó gravar servicios de telefonía móvil y la TV por cable, que hasta ahora eran beneficiadas de exenciones impositivas. Provincias “medianas”, como Córdoba y Santa Fe, tienen un 35% de recaudación propia y las más chicas oscilan entre un 15 y un 20 por ciento. La situación financiera de algunas provincias ha provocado la revisión de programas económicos y muchas de ellas debieron recurrir al gobierno nacional para refinanciar sus pasivos. El año pasado la presidenta Cristina Fernández anunció el Plan Federal de Desendeudamiento, según el cual las más comprometidas consiguieron refinanciar los vencimientos que tenían en los próximos dos años con la Nación.
Junto a otras medidas, como la implementación del Fondo Federal Solidario de coparticipación de los recursos de la soja –que distribuirá alrededor de $ 7000 millones este año– se intenta de este modo descomprimir las cuentas públicas provinciales.
TERRATENIENTES EXTRANJEROS
Un caso curioso es el de los grandes terratenientes extranjeros, que hasta la sanción de la ley de tierras se vieron beneficiados para comprar indiscriminadamente hectáreas en todo el país. Si bien hay muchos a lo largo de la Argentina, es en la Patagonia donde se registran los más conocidos, como el de Joe Lewis, quien posee miles de hectáreas en la zona de El Bolsón, lo que incluye la apropiación del Lago Escondido. En Río Negro, el impuesto inmobiliario rural representa menos del 1% de los recursos tributarios propios de la provincia. El método valuatorio está aprobado por ley, pero no discrimina por costo productivo. En consecuencia, un terrateniente como Lewis, que posee tierras de gran valor natural, paga lo mismo que las consideradas menos productivas. La Legislatura provincial acaba de discutir un proyecto de reforma tributaria que para el Inmobiliario introduce una actualización: el cálculo pasa a resolverse sobre el 80% de la valuación, cuando se definía antes sobre el 60 por ciento. En la sesión en la que se aprobó la ley, la legisladora del ARI Magdalena Odarda interrogó acerca de la situación tributaria de Lewis, que en la zona de Sierra Grande no paga tasas municipales. Para seguir de cerca casos semejantes en la provincia, se acaba de crear la Comisión Investigadora de Tierras Fiscales, presidida por la propia Odarda.
Entrevista a Luis Eugenio Basterra, presidente de la comisión de agricultura y ganadería de la cámara de diputados
"Desde 2000 el valor de la tierra creció hasta un 600% lo que indica una renta acorde"
–¿Qué opinión le merece el carácter del impuesto que se quiere aplicar en Bs. As.?
–Lo que se está haciendo es analizar el valor actual de un bien de uso y verificar cuál es la base imponible de un impuesto que se aplica sobre un activo. El revalúo tiene en consideración el valor de mercado y la evolución a lo largo del tiempo.
–¿Es un tema que tiene alcance nacional?
–Esto es una potestad de las provincias y cómo ha evolucionado la base impositiva en cada una de ellas difiere de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando tecnología para el uso de los suelos y a las condiciones del mercado de los productos. La Argentina en los últimos diez años ha tenido en el mercado inmobiliario rural, un incremento que va desde el 300 hasta el 600 por ciento. Esto marca que se está generando un volumen de renta acorde.
–¿Es posible determinar lineamientos nacionales para tener una política integral?
–No, el impuesto nacional que se aplica sobre la valuación fiscal es el impuesto al patrimonio. La medida de los gobiernos provinciales tiene un impacto local pero también sobre la recaudación nacional porque impacta sobre bienes personales. La nación no puede legislar sobre lo que es potestad constitucional de las provincias.
–Hoy son los grandes pooles de siembra los que les alquilan a los pequeños y a los grandes, ¿una variación del impuesto inmobiliario a quién afecta?
–Afecta al dueño del bien.
–¿Cuál es entonces la manera de descargar ese impuesto sobre los que se llevan la renta más grande?
–Va a haber un reajuste de mercado en lo que respecta al valor de alquiler y de las aparcerías. Si el mercado no da para pagar un valor adicional y marca que lo máximo que puede pagar es determinada cantidad de quintales, disminuirá la renta del tenedor del bien e impactará sobre quien tiene un valor estrictamente de renta y no de producción. El mercado inmobiliario va a tender a trasladar este incremento a quién usufructúa.
–Esa rentabilidad, ¿es compatible con el actual sistema de retenciones?
–Las retenciones son una política de cambio diferencial. Para quien tiene mercado interno no impacta. Se aplican sobre productos que hoy tienen una competitividad diferencial respecto a otros cultivos y actividades de la economía.
–¿Las medidas de actualización del IIR están asociadas a la situación fiscal de las provincias?
–No. Si el valor de la tierra hace diez años fuese el mismo que ahora y hubiera un revalúo que no está ligado a una condición de mercado, uno podría especular con una segunda intención, pero cuando el valor de la tierra se incrementó de manera tan importante, es una responsabilidad de los legisladores que haya equidad en términos de lo que significa la contribución al fisco
–¿Cuál es la situación de aplicación de este impuesto en otros países de la región, por ejemplo, Brasil?
–Típicamente es un impuesto que lo aplica cada uno de los estados porque son constituciones federales. No es así el caso de Bolivia y Paraguay donde los sistemas son unitarios y donde la asignación de los impuestos tiene una base nacional. La Argentina tiene establecido en su Constitución Nacional que las provincias son pre existentes al concepto de nación y hay una voluntad de unificación, lo mismo ocurre en los EE UU y en Brasil.
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