Panorama económico
Nacionalizar YPF significa el cambio de su objeto social, las ganancias dejarán de ser el impulsor principal de la gestión; el eje rector de las decisiones pasará a ser el bien público y la contribución que YPF podrá hacer para el proyecto de un país más soberano.
Por Carlos Heller
La Argentina está escribiendo una importante página de soberanía concreta, no declamatoria, sobre nuestros recursos naturales, ya que acaba de legislarse, con el voto afirmativo del 88% del total de los senadores y del 81% de los diputados, el interés público de los recursos hidrocarburíferos y la nacionalización de YPF, un tema crucial para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar actual y futuro de los argentinos.
Durante la discusión de la ley, se señaló que “el petróleo no tiene ideología”, explicando que lo único que importa son los logros cuantitativos de extracción y comercialización. Nada más lejos de la realidad. La mayor parte de los conflictos y golpes de Estado posteriores a la Segunda Guerra Mundial tienen un fuerte olor a petróleo. Los ejércitos de los países centrales a menudo constituyen las avanzadas que desbrozan el camino para que las petroleras puedan desplegar sus negocios. En este sentido, el nombre de Halliburton ha quedado como símbolo de esta estrategia en la invasión a Irak.
También las políticas petroleras aplicadas por los diferentes gobiernos reflejaron la ideología de las clases dominantes y de esos propios gobiernos.
La política neoliberal negó el carácter estratégico del sector, reconociendo exclusivamente su valor económico. A nivel mundial, el petróleo es un commodity que tiene un importante mercado a futuro, del cual cerca del 80% responde a la especulación financiera, con los grandes bancos internacionales participando, que mueven la cotización internacional según sus negociados. En la Argentina, el petróleo y el gas fueron tratados como cualquier otro bien, pudiendo las empresas privadas decidir el nivel de producción, sus características, la cuantía de sus exportaciones y la política respecto de las reservas. Hacían realidad la tristemente célebre frase de Roberto Dromi: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.”
Imposible dejar de comparar esta sentencia de muerte a la soberanía económica, con los dichos del general ingeniero Enrique Mosconi, quien el 9 de julio de 1936 expresó: “El espíritu nacionalista que YPF ha marcado en su labor, señala el camino de nuestra liberación económica, de nuestro desarrollo industrial emprendido por nosotros mismos, con nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y nuestros capitales.”
Pese a que la participación de YPF en la producción de petróleo cayó del 42 al 34% entre 1997 y 2011 y la de gas del 35 al 23% en ese mismo período, sigue siendo un actor protagónico de la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos.
YPF es una empresa que desde su nacimientos y en buena parte de su vida posterior, se constituyó como un emblema de la nacionalidad y un motivo de orgullo para los argentinos.
Durante el debate también se escucharon voces que planteaban el interés de las provincias no petroleras por participar de los dividendos de la nueva YPF. Son los que se quedaron con la idea de una YPF como empresa de mercado.
Nacionalizar YPF significa el cambio de su objeto social, las ganancias dejarán de ser el impulsor principal de la gestión; el eje rector de las decisiones pasará a ser el bien público y la contribución que YPF podrá hacer para el proyecto de un país más soberano.
YPF deja de ser una empresa de mercado para pasar a ser una empresa gestionada por el Estado, cuyo propósito será avanzar en el aumento de la producción, impulsar el proceso de reindustrialización, establecer una combinación de productos acorde con las necesidades, actuar como “empresa testigo” en materia de precios, y recuperar el autoabastecimiento perdido.
El objetivo deberá ser maximizar el impacto económico que, más allá de su producción, tiene la empresa sobre la sociedad y que se produce por dos vías principales.
Una de ellas es la mejor distribución de la renta petrolera, que son las ganancias extraordinarias obtenidas por la diferencia entre los elevados precios internacionales y los costos de producción, y puede calcularse para el año 2011 cercano a los 13 mil millones de dólares. A través de distintos mecanismos, la renta petrolera fluye entre la Nación, las provincias petroleras, los trabajadores, los consumidores y las empresas hidrocarburíferas. Al mantener precios bajos para sus productos, son los consumidores, tanto empresas como usuarios individuales, los que perciben una parte de esa renta petrolera, generando un fuerte beneficio económico general.
La otra vía por la que YPF genera un impacto muy positivo en la economía es su potencialidad para desarrollar proveedores nacionales de insumos en todos los sectores donde actúa la compañía, pasos que ya se han comenzado a dar, así como estimular la apertura de estaciones de servicio a lo ancho y largo del país.
La actuación de YPF se dará en el marco instalado por la reciente ley que declara de interés público nacional, y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. Este marco normativo servirá para diseñar la vinculación de YPF con el resto de las empresas productoras y refinadores de petróleo y gas.
Proponemos que YPF se maneje con el concepto de rentabilidad necesaria que podría definirse como la rentabilidad suficiente para atender los requisitos de inversiones e ir logrando la meta del autoabastecimiento, para el desarrollo de sus recursos humanos, para obtener el mejor impacto de la distribución de la renta petrolera en la economía y todas aquellas cuestiones centrales que hacen al desarrollo de la empresa y el país.
No es casual que quienes se oponen a esta medida recurran nuevamente al desgastado argumento de la intrínseca ineficiencia del Estado para llevar adelante proyectos que hacen al bien público. A ellos respondemos con las palabras de Mosconi: “El conocido y generalizado concepto de que el Estado es mal administrador, deja paso a otro nuevo, respaldado en hechos, de que el Estado es buen administrador cuando quiere serlo.” Este es el camino que deberá recorrer la nueva YPF controlada por el Estado Argentino.
Si bien con la recuperación de YPF para el Estado hemos dado un gran paso, quedan pendientes una serie de medidas para reconfigurar el sector de hidrocarburos en función de nuestro desarrollo nacional independiente.
Resta diseñar una política energética integral que incluya planes de corto, mediano y largo plazo para que el modelo de desarrollo e inclusión no encuentre un obstáculo insalvable en la infraestructura energética. Dentro de esta planificación, el plan de acción de la YPF recuperada ocupa un lugar preponderante.
Resulta indispensable conformar alianzas y proyectos conjuntos con otras empresas petroleras estatales de nuestra región para aumentar la exploración y la explotación y aplicar nuevas tecnologías; los nombres de Petrobras y PDVSA aparecen como los primeros candidatos.
Hay que ir cambiando la matriz energética, pues la oferta proveniente del petróleo alcanza al 36,8% y la del gas el 51,6%, un porcentaje mucho más elevado que el promedio internacional, con un 34 y un 21%, respectivamente, lo cual pone en evidencia nuestra alta dependencia del gas. Por ello debe fomentarse el desarrollo de otras fuentes de energía no contaminantes.
Es necesario también anular las leyes y decretos de matriz neoliberal que apuntan a un proceso de desregulación en favor del capital nacional y transnacional más concentrado.
Hay que revisar los tratados bilaterales de Inversión firmados en los noventa que, como se pone de manifiesto en el caso del petróleo, podrían limitar la adopción de medidas soberanas. Esta revisión debe extenderse a la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras de la dictadura, hoy vigente.
Queda claro que estas tareas pendientes no menoscaban la importancia histórica de la ley de hidrocarburos recién sancionada.
En esta semana Evo Morales nacionalizó la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) y fue contundente en el mensaje enviado, que también puede aplicarse a nuestro proceso de nacionalización de YPF: “Para que le quede claro a la opinión pública nacional e internacional, estamos nacionalizando una empresa que antes era nuestra.”
Durante la discusión de la ley, se señaló que “el petróleo no tiene ideología”, explicando que lo único que importa son los logros cuantitativos de extracción y comercialización. Nada más lejos de la realidad. La mayor parte de los conflictos y golpes de Estado posteriores a la Segunda Guerra Mundial tienen un fuerte olor a petróleo. Los ejércitos de los países centrales a menudo constituyen las avanzadas que desbrozan el camino para que las petroleras puedan desplegar sus negocios. En este sentido, el nombre de Halliburton ha quedado como símbolo de esta estrategia en la invasión a Irak.
También las políticas petroleras aplicadas por los diferentes gobiernos reflejaron la ideología de las clases dominantes y de esos propios gobiernos.
La política neoliberal negó el carácter estratégico del sector, reconociendo exclusivamente su valor económico. A nivel mundial, el petróleo es un commodity que tiene un importante mercado a futuro, del cual cerca del 80% responde a la especulación financiera, con los grandes bancos internacionales participando, que mueven la cotización internacional según sus negociados. En la Argentina, el petróleo y el gas fueron tratados como cualquier otro bien, pudiendo las empresas privadas decidir el nivel de producción, sus características, la cuantía de sus exportaciones y la política respecto de las reservas. Hacían realidad la tristemente célebre frase de Roberto Dromi: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.”
Imposible dejar de comparar esta sentencia de muerte a la soberanía económica, con los dichos del general ingeniero Enrique Mosconi, quien el 9 de julio de 1936 expresó: “El espíritu nacionalista que YPF ha marcado en su labor, señala el camino de nuestra liberación económica, de nuestro desarrollo industrial emprendido por nosotros mismos, con nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y nuestros capitales.”
Pese a que la participación de YPF en la producción de petróleo cayó del 42 al 34% entre 1997 y 2011 y la de gas del 35 al 23% en ese mismo período, sigue siendo un actor protagónico de la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos.
YPF es una empresa que desde su nacimientos y en buena parte de su vida posterior, se constituyó como un emblema de la nacionalidad y un motivo de orgullo para los argentinos.
Durante el debate también se escucharon voces que planteaban el interés de las provincias no petroleras por participar de los dividendos de la nueva YPF. Son los que se quedaron con la idea de una YPF como empresa de mercado.
Nacionalizar YPF significa el cambio de su objeto social, las ganancias dejarán de ser el impulsor principal de la gestión; el eje rector de las decisiones pasará a ser el bien público y la contribución que YPF podrá hacer para el proyecto de un país más soberano.
YPF deja de ser una empresa de mercado para pasar a ser una empresa gestionada por el Estado, cuyo propósito será avanzar en el aumento de la producción, impulsar el proceso de reindustrialización, establecer una combinación de productos acorde con las necesidades, actuar como “empresa testigo” en materia de precios, y recuperar el autoabastecimiento perdido.
El objetivo deberá ser maximizar el impacto económico que, más allá de su producción, tiene la empresa sobre la sociedad y que se produce por dos vías principales.
Una de ellas es la mejor distribución de la renta petrolera, que son las ganancias extraordinarias obtenidas por la diferencia entre los elevados precios internacionales y los costos de producción, y puede calcularse para el año 2011 cercano a los 13 mil millones de dólares. A través de distintos mecanismos, la renta petrolera fluye entre la Nación, las provincias petroleras, los trabajadores, los consumidores y las empresas hidrocarburíferas. Al mantener precios bajos para sus productos, son los consumidores, tanto empresas como usuarios individuales, los que perciben una parte de esa renta petrolera, generando un fuerte beneficio económico general.
La otra vía por la que YPF genera un impacto muy positivo en la economía es su potencialidad para desarrollar proveedores nacionales de insumos en todos los sectores donde actúa la compañía, pasos que ya se han comenzado a dar, así como estimular la apertura de estaciones de servicio a lo ancho y largo del país.
La actuación de YPF se dará en el marco instalado por la reciente ley que declara de interés público nacional, y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. Este marco normativo servirá para diseñar la vinculación de YPF con el resto de las empresas productoras y refinadores de petróleo y gas.
Proponemos que YPF se maneje con el concepto de rentabilidad necesaria que podría definirse como la rentabilidad suficiente para atender los requisitos de inversiones e ir logrando la meta del autoabastecimiento, para el desarrollo de sus recursos humanos, para obtener el mejor impacto de la distribución de la renta petrolera en la economía y todas aquellas cuestiones centrales que hacen al desarrollo de la empresa y el país.
No es casual que quienes se oponen a esta medida recurran nuevamente al desgastado argumento de la intrínseca ineficiencia del Estado para llevar adelante proyectos que hacen al bien público. A ellos respondemos con las palabras de Mosconi: “El conocido y generalizado concepto de que el Estado es mal administrador, deja paso a otro nuevo, respaldado en hechos, de que el Estado es buen administrador cuando quiere serlo.” Este es el camino que deberá recorrer la nueva YPF controlada por el Estado Argentino.
Si bien con la recuperación de YPF para el Estado hemos dado un gran paso, quedan pendientes una serie de medidas para reconfigurar el sector de hidrocarburos en función de nuestro desarrollo nacional independiente.
Resta diseñar una política energética integral que incluya planes de corto, mediano y largo plazo para que el modelo de desarrollo e inclusión no encuentre un obstáculo insalvable en la infraestructura energética. Dentro de esta planificación, el plan de acción de la YPF recuperada ocupa un lugar preponderante.
Resulta indispensable conformar alianzas y proyectos conjuntos con otras empresas petroleras estatales de nuestra región para aumentar la exploración y la explotación y aplicar nuevas tecnologías; los nombres de Petrobras y PDVSA aparecen como los primeros candidatos.
Hay que ir cambiando la matriz energética, pues la oferta proveniente del petróleo alcanza al 36,8% y la del gas el 51,6%, un porcentaje mucho más elevado que el promedio internacional, con un 34 y un 21%, respectivamente, lo cual pone en evidencia nuestra alta dependencia del gas. Por ello debe fomentarse el desarrollo de otras fuentes de energía no contaminantes.
Es necesario también anular las leyes y decretos de matriz neoliberal que apuntan a un proceso de desregulación en favor del capital nacional y transnacional más concentrado.
Hay que revisar los tratados bilaterales de Inversión firmados en los noventa que, como se pone de manifiesto en el caso del petróleo, podrían limitar la adopción de medidas soberanas. Esta revisión debe extenderse a la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras de la dictadura, hoy vigente.
Queda claro que estas tareas pendientes no menoscaban la importancia histórica de la ley de hidrocarburos recién sancionada.
En esta semana Evo Morales nacionalizó la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) y fue contundente en el mensaje enviado, que también puede aplicarse a nuestro proceso de nacionalización de YPF: “Para que le quede claro a la opinión pública nacional e internacional, estamos nacionalizando una empresa que antes era nuestra.”
http://tiempo.infonews.com - 060512
