La inclusión del director obrero es parte de una política de participación inclusiva

La nacionalización de YPF que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara y remitiera al Congreso constituye la reafirmación y profundización del modelo inaugurado por el ex presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003.

Por Héctor Recalde

A la luz de opiniones vertidas por sujetos interesados y por constitucionalistas que bajo un ropaje aséptico tienen ideología –tal como todos, pero algunos los exteriorizamos y otros no– que califican la medida como arbitraria y violatoria de la  propiedad, destacó que la expropiación por razones de utilidad pública es un resorte institucional expresamente previsto en la Constitución Nacional –también, y no paradójicamente, la prevé la Constitución española–, y que la falta de acuerdo sobre el monto de la indemnización a abonar no obsta a la efectivización de la expropiación, máxime cuando la abultada deuda de la empresa y su pasivo ambiental hacen factible la existencia de un largo proceso judicial –con posibilidad de chicanas dilatorias– que no puede obstar ni diferir la concreción de la medida. Por eso, basta que el Estado pague $ 1 para que pueda perfeccionar la transferencia, sin perjuicio del proceso posterior para su valuación para el caso de desacuerdo entre las partes.
La inclusión de un director obrero se enmarca en la filosofía inclusiva de participación de los trabajadores en la “cosa pública” –a diferencia de los programas de propiedad participada de las privatizaciones que, como siempre sostuve, sólo tendían a cooptar voluntades bajo una distribución de dividendos engañosa– y perfecciona la calidad institucional al concretar el imperativo del 14 bis de la Constitución Nacional de garantizar a los trabajadores “control de la producción y colaboración en la dirección”.
La expropiación de YPF implica un cambio estructural profundo que por su envergadura constituye un nuevo hito histórico tal como lo fueron el desendeudamiento y liberación del FMI, la nacionalización de la administración del sistema previsional, y la Asignación Universal por Hijo.
Su relevancia radica en la recuperación de la soberanía sobre la administración de los recursos naturales, y sus proyecciones para el desarrollo nacional y las generaciones venideras son importantísimas.
En términos peronistas, enarbola las tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social.

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