Las centrales sindicales exigen al gobierno conservador cambios en la normativa
El acatamiento a la medida de fuerza fue alto, pero las manifestaciones, según los organizadores, sumaron casi un millón de personas en 111 marchas. Las autoridades minimizaron la medida. Hubo algunos incidentes y detenidos.
La reforma laboral impuesta por el gobierno conservador de Mariano Rajoy recogió ayer un repudio masivo que se expresó con un paro general y una ola de manifestaciones en las principales ciudades españolas que, en casos como el de Barcelona, se cerraron con incidentes y la detención de 176 personas. Al cierre de la jornada, las dos centrales sindicales convocantes – Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT)– intimaron al gobierno a “dar señales de cambio antes del 1 de mayo”, bajo amenaza de “recrudecer nuestras acciones de lucha”.
Como es habitual en estos casos, los convocantes proclamaron el éxito de la medida, mientras que el gobierno insistió en minimizar el impacto de la protesta. La UGT y CCOO dijeron que la huelga tuvo un nivel de acatamiento superior al 77%, con índices aún mayores en la industria, la construcción, el sector automotor y el transporte. El gobierno, por su parte, aseguró que “el seguimiento fue escaso” y resaltó que fue “claramente inferior” al que tuvo el último paro general, celebrado en septiembre de 2010. Sin embargo, las marchas fueron verdaderamente masivas en todos lo sitios.
Las cámaras empresariales calificaron el paro como “eminentemente político” y denunciaron que la protesta sindical “daña los intereses económicos de España y su imagen internacional”. Las dos principales entidades patronales –Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa– destacaron que la huelga fue dispar, aunque reconocieron que se sintió fuerte en la industria y en el norte del país.
La jornada de protesta se desarrolló en un ambiente de normalidad y tranquilidad, sin grandes incidentes, reportaron las agencias de noticias. No obstante, según el Ministerio del Interior, la policía realizó 176 detenciones, mientras que 58 agentes y 46 personas resultaron con heridas de escasa entidad en enfrentamientos aislados. Los peores se desarrollaron en Barcelona, donde la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a un piquete que había quemado contenedores y otros objetos. Tanto en Barcelona como en Madrid fueron destrozadas las vidrieras de algunos comercios y sucursales bancarias.
El secretario general de las CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y su par de la UGT, Cándido Méndez, exhortaron al gobierno a abrir una negociación sobre el contenido de la reforma laboral (ver aparte), el principal proyecto de ajuste impulsado por el Ejecutivo español para satisfacer las exigencias de los mercados internacionales. Sin embargo, la ministra del Trabajo, Fátima Báñez, reiteró que el gobierno de Rajoy no aceptará ningún cambio fundamental y sólo admite discutir en el marco del Parlamento.
Despidos más baratos
La indemnización por despido “con causa” se reduce a 20 días por cada año trabajado.
En el caso de que un despido sea sin causa, la indemnización se reduce de 45 a 33 días por año con un tope de 24 meses.
Cuando se trata de despidos colectivos, la indemnización será en cambio de 20 días por año con un tope de 12 meses.
Los organismos públicos podrán despedir alegando “insuficiencia presupuestaria”.
Si argumentan “razones económicas”, las empresas podrán despedir trabajadores como si fuera “con causa”.
Como es habitual en estos casos, los convocantes proclamaron el éxito de la medida, mientras que el gobierno insistió en minimizar el impacto de la protesta. La UGT y CCOO dijeron que la huelga tuvo un nivel de acatamiento superior al 77%, con índices aún mayores en la industria, la construcción, el sector automotor y el transporte. El gobierno, por su parte, aseguró que “el seguimiento fue escaso” y resaltó que fue “claramente inferior” al que tuvo el último paro general, celebrado en septiembre de 2010. Sin embargo, las marchas fueron verdaderamente masivas en todos lo sitios.
Las cámaras empresariales calificaron el paro como “eminentemente político” y denunciaron que la protesta sindical “daña los intereses económicos de España y su imagen internacional”. Las dos principales entidades patronales –Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa– destacaron que la huelga fue dispar, aunque reconocieron que se sintió fuerte en la industria y en el norte del país.
La jornada de protesta se desarrolló en un ambiente de normalidad y tranquilidad, sin grandes incidentes, reportaron las agencias de noticias. No obstante, según el Ministerio del Interior, la policía realizó 176 detenciones, mientras que 58 agentes y 46 personas resultaron con heridas de escasa entidad en enfrentamientos aislados. Los peores se desarrollaron en Barcelona, donde la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a un piquete que había quemado contenedores y otros objetos. Tanto en Barcelona como en Madrid fueron destrozadas las vidrieras de algunos comercios y sucursales bancarias.
El secretario general de las CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y su par de la UGT, Cándido Méndez, exhortaron al gobierno a abrir una negociación sobre el contenido de la reforma laboral (ver aparte), el principal proyecto de ajuste impulsado por el Ejecutivo español para satisfacer las exigencias de los mercados internacionales. Sin embargo, la ministra del Trabajo, Fátima Báñez, reiteró que el gobierno de Rajoy no aceptará ningún cambio fundamental y sólo admite discutir en el marco del Parlamento.
Despidos más baratos
La indemnización por despido “con causa” se reduce a 20 días por cada año trabajado.
En el caso de que un despido sea sin causa, la indemnización se reduce de 45 a 33 días por año con un tope de 24 meses.
Cuando se trata de despidos colectivos, la indemnización será en cambio de 20 días por año con un tope de 12 meses.
Los organismos públicos podrán despedir alegando “insuficiencia presupuestaria”.
Si argumentan “razones económicas”, las empresas podrán despedir trabajadores como si fuera “con causa”.
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