En otro acto se recordó a la nuera de Juan Gelman
El presidente y ex guerrillero tupamaro, José Mujica, debió admitir los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura para cumplir con una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por Ernesto Tulbovitz
Hoy me mostraron el único lugar donde estuve con mi madre.” Eso fue lo que dijo ayer Macarena Gelman cuando recorrió las instalaciones de la sede del hasta hace unos días Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa. En 1976 fue el lugar donde estuvo detenida junto a su madre, la aún desaparecida María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, en lo que en ese entonces era una sede de los servicios de inteligencia militar y centro de torturas. Acompañada de su abuelo, el escritor Juan Gelman y el canciller argentino, Héctor Timerman, Macarena participó en la colocación de una placa en el edificio ubicado en Boulevar Artigas (Parque Batlle) de lo que será la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Por la tarde, en una austera ceremonia realizada en el Parlamento, el presidente uruguayo, José Mujica, dio otro de los pasos–como el de placa– establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace poco más de un año. “El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los Derechos Humanos. Tal como acredita el presente caso, al amparo de la llamada doctrina de la seguridad nacional se llevó adelante una política sistemática de represión de las organizaciones sociales, sindicales y políticas así como la persecución de sus integrantes y el control de la sociedad civil, expresión todo eso de lo que se denomina terrorismo de Estado˝, leyó Mujica sentado en el sillón que habitualmente ocupa el presidente de la Cámara de Diputados. Lo flanqueaban el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, y el presidente de la Asamblea General, Danilo Astori. O sea, la representación de los tres poderes del Estado. Mujica recordó que “en el desarrollo de esta doctrina de la seguridad nacional, el Estado uruguayo integró el llamado Plan Cóndor, una coordinación internacional con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay para desplegar la persecución por razones ideológicas a los habitantes de los países referidos y proceder a su detención y traslado clandestino o decidir el asesinato y desaparición de los detenidos. De muchas de estas personas aún no se sabe su paradero ni su suerte. Todavía no se conoce su destino ni se han hallado sus restos”, leyó el presidente durante su breve discurso de 15 minutos.
En primera fila de uno de los palcos estaban los comandantes en jefes de las tres fuerzas: Pedro Aguerre (Ejército), Washington Martínez (Fuerza Aérea) y Alberto Caramés (Armada), así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Daniel Castella. Aguerre aplaudió, como buena parte de los presentes, tras finalizar la alocución de Mujica, en tanto Caramés lo hizo tímidamente. Ni Martínez ni Castella aplaudieron.
Tras el acto, Macarena Gelman, declaró a la prensa que el reconocimiento que realizó el Estado uruguayo “no constituye ni el principio ni el fin de absolutamente nada” y reiteró que no fue “un acto de perdón”.
Por la tarde, en una austera ceremonia realizada en el Parlamento, el presidente uruguayo, José Mujica, dio otro de los pasos–como el de placa– establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace poco más de un año. “El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los Derechos Humanos. Tal como acredita el presente caso, al amparo de la llamada doctrina de la seguridad nacional se llevó adelante una política sistemática de represión de las organizaciones sociales, sindicales y políticas así como la persecución de sus integrantes y el control de la sociedad civil, expresión todo eso de lo que se denomina terrorismo de Estado˝, leyó Mujica sentado en el sillón que habitualmente ocupa el presidente de la Cámara de Diputados. Lo flanqueaban el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, y el presidente de la Asamblea General, Danilo Astori. O sea, la representación de los tres poderes del Estado. Mujica recordó que “en el desarrollo de esta doctrina de la seguridad nacional, el Estado uruguayo integró el llamado Plan Cóndor, una coordinación internacional con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay para desplegar la persecución por razones ideológicas a los habitantes de los países referidos y proceder a su detención y traslado clandestino o decidir el asesinato y desaparición de los detenidos. De muchas de estas personas aún no se sabe su paradero ni su suerte. Todavía no se conoce su destino ni se han hallado sus restos”, leyó el presidente durante su breve discurso de 15 minutos.
En primera fila de uno de los palcos estaban los comandantes en jefes de las tres fuerzas: Pedro Aguerre (Ejército), Washington Martínez (Fuerza Aérea) y Alberto Caramés (Armada), así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Daniel Castella. Aguerre aplaudió, como buena parte de los presentes, tras finalizar la alocución de Mujica, en tanto Caramés lo hizo tímidamente. Ni Martínez ni Castella aplaudieron.
Tras el acto, Macarena Gelman, declaró a la prensa que el reconocimiento que realizó el Estado uruguayo “no constituye ni el principio ni el fin de absolutamente nada” y reiteró que no fue “un acto de perdón”.
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