El famoso arquitecto Alejandro Bustillo hizo el castillo estilo Tudor que los Pereda tienen en sus campos de Cañuelas, a 45 kilómetros de la sede de la Sociedad Rural Argentina. Los jardines los hizo el no menos célebre paisajista Carlos Thays.
Por Eduardo Anguita
En los miles de hectáreas de alrededor, los Pereda tuvieron décadas de renta extraordinaria y de viajar los otoños bonaerenses a las magníficas primaveras parisinas. Celedonio Pereda (h) estuvo codo a codo con otros terratenientes en las tórridas jornadas de la Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) en el verano del ’76. Pereda presidía la Sociedad Rural Argentina y sabía perfectamente que en cuestión de semanas se produciría una brutal transferencia de recursos de los sectores industriales vinculados al mercado interno hacia los sectores agroexportadores y también de la clase trabajadora hacia el sector más concentrado de la oligarquía argentina. El otro líder de aquella gesta cívica imprescindible para que los campos de concentración se llenaran de militantes y fueran convertidos en mataderos era Jorge Aguado, el presidente de Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas). Las otras regiones del país asociadas a CRA no tienen campos tan ricos como los de Carbap y el plan de José Alfredo Martínez de Hoz estaba destinado sólo a beneficiar a la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Aguado era, de algún modo, un advenedizo, pampeano y sin linaje oligárquico. Eso sí, estuvo tan integrado a la dictadura que llegó a ser uno de los pocos civiles convertido en gobernador, y nada menos que de la provincia de Buenos Aires, designado por Leopoldo Galtieri y ratificado luego por Reinaldo Bignone. Repudiado por la sociedad por ser el prototipo de la pata civil de la dictadura, con la llegada de Raúl Alfonsín, Aguado integró el directorio de Socma (Sociedad Macri).
Pasados 15 años de aquel golpe, el 3 de enero de 2001, Aguado fue a una reunión con Fernando de la Rúa en nombre de Sociedad Macri, junto a otros ejecutivos de la democracia a los que el entonces presidente les pedía que por favor invirtieran en el país en cambio de fugar el dinero, una manera elíptica de llamar a obtener tremendas ganancias y sacarlas del circuito legal o llevarlas a cuentas en bancos de países centrales que consideraban seguros. Con el presidente radical estaba su ministro de Economía, José Luis Machinea, que había reconocido que además de los 150 mil millones de dólares de deuda externa había una cantidad similar de dólares de argentinos en el exterior. Machinea nunca jamás dio a conocer la nómina de los tenedores de esas fortunas. Muchos de ellos estaban sentados en la misma mesa que De la Rúa y Aguado.
Sergio Einaudi, de Techint, uno de los grupos más beneficiados en la dictadura y que se había deglutido Somisa durante el menemato; Oscar Vicente, de Pérez Companc, que se había convertido en uno de los grupos más poderosos durante la dictadura, con el Banco Río, Molinos Río de la Plata y negocios petroleros; Alejandro Bengolea, de Loma Negra, que ahora tiene ex directivos presos por crímenes de lesa humanidad; Arturo Acevedo, de Acindar, de donde el mismísimo Martínez de Hoz había sido presidente de la empresa; también estaban el ahora prófugo Carlos Blaquier, de Ledesma, y Julio César Saguier por La Nación. Es interesante recorrer la crónica del diario de los Mitre del día siguiente. En ella se resalta que “todos estuvieron de acuerdo en apoyar los últimos decretos de desregulación de obras sociales, reforma previsional y plan de infraestructura. Sin embargo, Vicente insistió en solicitar ‘mayor ejecutividad’. También señala el periodista de La Nación que “los ejecutivos exigieron que se aprobaran las leyes de minería, de hidrocarburos y de lechería, a fin de fomentar las inversiones en esos sectores”. Es significativa la palabra exigieron para normas que beneficiaban claramente los intereses de esa elite empresaria, que constituía precisamente el núcleo de los que fugaban el dinero al exterior. Aguado, según La Nación, “mencionó, tras el encuentro, que se abordó la necesidad de disminuir las tasas de interés y se sugirió que algún banco oficial pueda otorgar créditos de fomento a quienes deseen invertir en el país”.
Por entonces empezaba el año donde el proyecto de país oligárquico (en conglomerados de unas pocas empresas agropecuarias, industriales y financieras que vivían a costa del Estado y los asalariados) se quebraba en mil pedazos. Algunos, como Loma Negra o Pérez Companc, años después vendieron sus activos y los enviaban directamente al exterior. Otros, siguen haciendo negocios con el mismo esquema de clase privilegiada al margen del país. Como si no hubieran registrado los cambios vividos desde el 25 de mayo de 2003. O, lo que es más preocupante, como si confiaran en resistir y torcerle el brazo al bloque de intereses sociales de los asalariados, la clase media y los empresarios que apuestan a la recuperación de una Nación inclusiva y justa.
Una vez más, el sector que hace punta es la Sociedad Rural Argentina. Por eso, Hugo Biolcati, junto a un par de centenares de propietarios rurales hace lobby para ver si puede frenar la ley de revaluación de la propiedad inmobiliaria rural en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un recorte mínimo a la renta extraordinaria del complejo sojero, pero que les hace sentir el temor a que se aleje cada vez más la posibilidad de que una docena de ejecutivos se sienten en la Casa Rosada para exigirle a un Presidente o una Presidenta medidas que les permitan consolidar sus negocios.
El economista Eduardo Basualdo, que junto a Daniel Aspiazu y Miguel Khavisse describió como nadie lo que fue la concentración del poder económico en aquellos años dictatoriales, insiste en que aquel modelo de enriquecimiento era el de “valorización financiera del capital”. Aquellos años dejaron una distribución regresiva del ingreso producto de la brutal represión y también dejaron “al campo” en un estado calamitoso. Dice Basualdo (Tradiciones en pugna, 200 años de historia, Eudeba, 2012) que en 1977 (el año de la reforma financiera de Martínez de Hoz, todavía vigente) llegamos al stock ganadeor más alto de la historia: 60 millones de cabezas de ganado. A partir de entonces se produjo la mayor liquidación ganadera. En 1989 había 14 millones de cabezas menos y actualmente estamos en 40 millones. Agrega Basualdo que en 1995 empezó la consolidación del modelo sojero en la Pampa Húmeda. Durante esos años tendría que haber aumentado el área sembrada, porque se estaban liberando tierras destinadas al ganado. Pero entre 1977 y 1994 no creció la superficie sembrada. “Se liquidan vacas pero, además, disminuye el área sembrada”, concluye. El negocio de estos tipos es fundir el país y la llave fue el control de las finanzas. Ahora, para revertir esa historia parecen imprescindibles la reforma financiera y la reforma impositiva.
Pasados 15 años de aquel golpe, el 3 de enero de 2001, Aguado fue a una reunión con Fernando de la Rúa en nombre de Sociedad Macri, junto a otros ejecutivos de la democracia a los que el entonces presidente les pedía que por favor invirtieran en el país en cambio de fugar el dinero, una manera elíptica de llamar a obtener tremendas ganancias y sacarlas del circuito legal o llevarlas a cuentas en bancos de países centrales que consideraban seguros. Con el presidente radical estaba su ministro de Economía, José Luis Machinea, que había reconocido que además de los 150 mil millones de dólares de deuda externa había una cantidad similar de dólares de argentinos en el exterior. Machinea nunca jamás dio a conocer la nómina de los tenedores de esas fortunas. Muchos de ellos estaban sentados en la misma mesa que De la Rúa y Aguado.
Sergio Einaudi, de Techint, uno de los grupos más beneficiados en la dictadura y que se había deglutido Somisa durante el menemato; Oscar Vicente, de Pérez Companc, que se había convertido en uno de los grupos más poderosos durante la dictadura, con el Banco Río, Molinos Río de la Plata y negocios petroleros; Alejandro Bengolea, de Loma Negra, que ahora tiene ex directivos presos por crímenes de lesa humanidad; Arturo Acevedo, de Acindar, de donde el mismísimo Martínez de Hoz había sido presidente de la empresa; también estaban el ahora prófugo Carlos Blaquier, de Ledesma, y Julio César Saguier por La Nación. Es interesante recorrer la crónica del diario de los Mitre del día siguiente. En ella se resalta que “todos estuvieron de acuerdo en apoyar los últimos decretos de desregulación de obras sociales, reforma previsional y plan de infraestructura. Sin embargo, Vicente insistió en solicitar ‘mayor ejecutividad’. También señala el periodista de La Nación que “los ejecutivos exigieron que se aprobaran las leyes de minería, de hidrocarburos y de lechería, a fin de fomentar las inversiones en esos sectores”. Es significativa la palabra exigieron para normas que beneficiaban claramente los intereses de esa elite empresaria, que constituía precisamente el núcleo de los que fugaban el dinero al exterior. Aguado, según La Nación, “mencionó, tras el encuentro, que se abordó la necesidad de disminuir las tasas de interés y se sugirió que algún banco oficial pueda otorgar créditos de fomento a quienes deseen invertir en el país”.
Por entonces empezaba el año donde el proyecto de país oligárquico (en conglomerados de unas pocas empresas agropecuarias, industriales y financieras que vivían a costa del Estado y los asalariados) se quebraba en mil pedazos. Algunos, como Loma Negra o Pérez Companc, años después vendieron sus activos y los enviaban directamente al exterior. Otros, siguen haciendo negocios con el mismo esquema de clase privilegiada al margen del país. Como si no hubieran registrado los cambios vividos desde el 25 de mayo de 2003. O, lo que es más preocupante, como si confiaran en resistir y torcerle el brazo al bloque de intereses sociales de los asalariados, la clase media y los empresarios que apuestan a la recuperación de una Nación inclusiva y justa.
Una vez más, el sector que hace punta es la Sociedad Rural Argentina. Por eso, Hugo Biolcati, junto a un par de centenares de propietarios rurales hace lobby para ver si puede frenar la ley de revaluación de la propiedad inmobiliaria rural en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un recorte mínimo a la renta extraordinaria del complejo sojero, pero que les hace sentir el temor a que se aleje cada vez más la posibilidad de que una docena de ejecutivos se sienten en la Casa Rosada para exigirle a un Presidente o una Presidenta medidas que les permitan consolidar sus negocios.
El economista Eduardo Basualdo, que junto a Daniel Aspiazu y Miguel Khavisse describió como nadie lo que fue la concentración del poder económico en aquellos años dictatoriales, insiste en que aquel modelo de enriquecimiento era el de “valorización financiera del capital”. Aquellos años dejaron una distribución regresiva del ingreso producto de la brutal represión y también dejaron “al campo” en un estado calamitoso. Dice Basualdo (Tradiciones en pugna, 200 años de historia, Eudeba, 2012) que en 1977 (el año de la reforma financiera de Martínez de Hoz, todavía vigente) llegamos al stock ganadeor más alto de la historia: 60 millones de cabezas de ganado. A partir de entonces se produjo la mayor liquidación ganadera. En 1989 había 14 millones de cabezas menos y actualmente estamos en 40 millones. Agrega Basualdo que en 1995 empezó la consolidación del modelo sojero en la Pampa Húmeda. Durante esos años tendría que haber aumentado el área sembrada, porque se estaban liberando tierras destinadas al ganado. Pero entre 1977 y 1994 no creció la superficie sembrada. “Se liquidan vacas pero, además, disminuye el área sembrada”, concluye. El negocio de estos tipos es fundir el país y la llave fue el control de las finanzas. Ahora, para revertir esa historia parecen imprescindibles la reforma financiera y la reforma impositiva.
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