Es para lograr el autoabastecimiento
El gobierno nacional, diez provincias y siete sindicatos firmaron un documento en el que acordaron defender una política única para enfrentar el descenso en la producción de hidrocarburos, del 18% en petróleo y 11% en gas desde 2002.
Por Randy Stagnaro
En una acción de la que existen pocos antecedentes en el último tiempo, el Estado Nacional, diez provincias productoras de petróleo y siete sindicatos del área energética firmaron ayer el llamado Acuerdo Federal de los Hidrocarburos, en el que se establecen las líneas principales de “la política de Estado” que todos los firmantes defenderán de ahora en más de cara a la actividad hidrocarburífera y que apunta a lograr el autoabastecimiento en petróleo y gas. Este acuerdo es la respuesta que desde el poder público se ha encontrado para encarar la “caída de la producción de petróleo y gas en el país”, según dice en sus considerandos, y que ubica en el 18% y 11%, respectivamente, en los últimos diez años, “asociada a niveles de inversión directa insuficientes”, según expresa el documento en sus considerandos.
El documento señala que esta caída de la producción de crudos “afecta la competitividad de la economía en su conjunto y al proceso de inclusión social”, además de afectar la situación fiscal tanto del Estado Nacional como de las provincias por los menores ingresos vía regalías y los mayores gastos por importaciones. En ese sentido, los firmantes señalan “a YPF Repsol como principal responsable global (perdió un 30% y el 35% de la producción propia, respectivamente)”, con casos en los que llega al 40% de caída en el gas en algunas provincias.
Asimismo, el texto advierte sobre el “accionar discrecional” observado en algunas petroleras “respecto del destino de los flujos de fondos”. Por ello es que, concluyen los considerandos, “las empresas deberían modificar sus políticas”.
El documento se firmó en el marco de una reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos(OFEPHI) celebrada en la Ciudad de Buenos Aires.
Por el Estado Nacional participaron los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Economía, Hernán Lorenzino, acompañados por los secretarios de Política Económica (Economía), Axel Kicillof; de Energía, Daniel Cameron; y de Coordinación, Roberto Baratta (ambos de Planificación).
Por el lado de los gobernadores, participaron el de Chubut, Martín Buzzi, de Chubut (que preside la OFEPHI); de Jujuy, Eduardo Fellner; La Pampa, Mario Jorge; Mendoza, Francisco Pérez; Neuquén, Jorge Sapag; Río Negro, Alberto Weretilneck; Salta, Juan Manuel Urtubey; Santa Cruz, Daniel Peralta, y Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; además del ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibañez.
En su parte resolutiva, el acuerdo consta de 15 artículos en los que quedan plasmadas las líneas de acción que en forma inmediata se pondrán en marcha.
En el primero, se establece “fijar como Política de Estado en materia de hidrocarburos el autoabastecimiento de petróleo y gas mediante la aplicación del criterio de máximo desarrollo de las Cuencas, a través de métodos y procedimientos convencionales y no convencionales de producción”.
En el segundo, se exige “a las empresas concesionarias elevar los flujos de inversión en exploración compatible con una reposición adecuada de reservas, como a un aumento al máximo de producción sostenible”, lo cual impulsará la actividad y el empleo “y colaborará a mantener la paz social”.
En el tercero, se plantea verificar que las petroleras exploren en todos los permisos y concesiones que se hayan adjudicado.
En el cuarto se advierte que las petroleras podrán perder las concesiones (“reversión”, en la jerga del sector) si “se comprueben procesos de desinversión, inversión escasa o subinversión por parte del permisionario o concesionario, asociado a una caída manifiesta e injustificada de producción o de reservas de hidrocarburos”.
El quinto incentiva la participación de terceras empresas “preferentemente empresas públicas provinciales y nacionales”, en zonas de menor interés. El sexto, propone “ejercer de manera estricta el control y monitoreo ambiental” de toda la cadena de valor, desde el pozo hasta el surtidor. En el séptimo, se establecen los criterios que deben tener los planes de inversión de las petroleras. En el octavo se plantea “acelerar los procesos de medición” en tiempo real; el noveno establece criterios para la incorporación de recursos humanos.
Las provincias entregarán en 15 días cuáles son las inversiones “mínimas necesarias” (artículo 10) de forma de alcanzar la sustitución de importaciones (artículo 11), cuyos costos serán compartidos por el Estado con las refinadoras (artículo 12) en forma proporcional a su lugar en el mercado, y a las que se les exige “un esquema armónico, equitativo y no discriminatorio de distribución y comercialización de combustibles y derivados” (artículo 13). También se plantea el incremento de las inversiones en refinación (artículo 14). Por último, apunta a evitar que las empresas capturen beneficios impositivos dirigidos a los consumidores.
El documento señala que esta caída de la producción de crudos “afecta la competitividad de la economía en su conjunto y al proceso de inclusión social”, además de afectar la situación fiscal tanto del Estado Nacional como de las provincias por los menores ingresos vía regalías y los mayores gastos por importaciones. En ese sentido, los firmantes señalan “a YPF Repsol como principal responsable global (perdió un 30% y el 35% de la producción propia, respectivamente)”, con casos en los que llega al 40% de caída en el gas en algunas provincias.
Asimismo, el texto advierte sobre el “accionar discrecional” observado en algunas petroleras “respecto del destino de los flujos de fondos”. Por ello es que, concluyen los considerandos, “las empresas deberían modificar sus políticas”.
El documento se firmó en el marco de una reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos(OFEPHI) celebrada en la Ciudad de Buenos Aires.
Por el Estado Nacional participaron los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Economía, Hernán Lorenzino, acompañados por los secretarios de Política Económica (Economía), Axel Kicillof; de Energía, Daniel Cameron; y de Coordinación, Roberto Baratta (ambos de Planificación).
Por el lado de los gobernadores, participaron el de Chubut, Martín Buzzi, de Chubut (que preside la OFEPHI); de Jujuy, Eduardo Fellner; La Pampa, Mario Jorge; Mendoza, Francisco Pérez; Neuquén, Jorge Sapag; Río Negro, Alberto Weretilneck; Salta, Juan Manuel Urtubey; Santa Cruz, Daniel Peralta, y Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; además del ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibañez.
En su parte resolutiva, el acuerdo consta de 15 artículos en los que quedan plasmadas las líneas de acción que en forma inmediata se pondrán en marcha.
En el primero, se establece “fijar como Política de Estado en materia de hidrocarburos el autoabastecimiento de petróleo y gas mediante la aplicación del criterio de máximo desarrollo de las Cuencas, a través de métodos y procedimientos convencionales y no convencionales de producción”.
En el segundo, se exige “a las empresas concesionarias elevar los flujos de inversión en exploración compatible con una reposición adecuada de reservas, como a un aumento al máximo de producción sostenible”, lo cual impulsará la actividad y el empleo “y colaborará a mantener la paz social”.
En el tercero, se plantea verificar que las petroleras exploren en todos los permisos y concesiones que se hayan adjudicado.
En el cuarto se advierte que las petroleras podrán perder las concesiones (“reversión”, en la jerga del sector) si “se comprueben procesos de desinversión, inversión escasa o subinversión por parte del permisionario o concesionario, asociado a una caída manifiesta e injustificada de producción o de reservas de hidrocarburos”.
El quinto incentiva la participación de terceras empresas “preferentemente empresas públicas provinciales y nacionales”, en zonas de menor interés. El sexto, propone “ejercer de manera estricta el control y monitoreo ambiental” de toda la cadena de valor, desde el pozo hasta el surtidor. En el séptimo, se establecen los criterios que deben tener los planes de inversión de las petroleras. En el octavo se plantea “acelerar los procesos de medición” en tiempo real; el noveno establece criterios para la incorporación de recursos humanos.
Las provincias entregarán en 15 días cuáles son las inversiones “mínimas necesarias” (artículo 10) de forma de alcanzar la sustitución de importaciones (artículo 11), cuyos costos serán compartidos por el Estado con las refinadoras (artículo 12) en forma proporcional a su lugar en el mercado, y a las que se les exige “un esquema armónico, equitativo y no discriminatorio de distribución y comercialización de combustibles y derivados” (artículo 13). También se plantea el incremento de las inversiones en refinación (artículo 14). Por último, apunta a evitar que las empresas capturen beneficios impositivos dirigidos a los consumidores.
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