El tratamiento inadecuado de los residuos electrónicos puede ocasionar graves impactos en el ambiente y en la salud. Surgen marcos regulatorios que promueven su recolección y posterior procesamiento.

Según estimaciones del INTI, en Argentina se desechan 120.000 toneladas de basura electrónica por año. En la ciudad de Buenos Aires el número ronda los 7 kilos por persona (el doble que en el resto del país), debido sobre todo a la gran cantidad de empresas que tienen sus oficinas en la Capital Federal. Pero no es sólo una cuestión de volumen. La presencia de ciertos compuestos tóxicos en los artefactos eléctricos y electrónicos los tornan tan o más contaminantes para el ambiente que cualquier residuo orgánico. Al ser dispuestos en un basural sin tratamiento previo, los metales pesados, sustancias halogenadas, clorofluorocarburos, bifenilos policlorados y policloruro de vinilo, entre otros elementos que suelen contener, migran hacia las napas de agua y el ambiente. Los datos locales revelan que durante el año 2010 se vendieron un millón de televisores o LCD, unos 12 millones de teléfonos celulares, 1,2 millón de impresoras y cerca de 2,65 millones de computadoras (PC, netbooks y notebooks). Las cifras advierten sobre la creciente demanda y la rápida obsolescencia de este tipo de artefactos, cuyo descarte responsable y marcos regulatorios resultan imperiosos.

La doctora Leila Devia del Centro INTI-Ambiente contó en el programa de radio Tecnología para Todos, cuáles fueron los aportes del Instituto al proyecto de ley que regula la disposición de los desechos electrónicos y su reciclado, y que también determina las responsabilidades de los productores de los bienes, la fiscalización y las sanciones. "Resolver qué tratamiento asignar a los residuos electrónicos es una preocupación en todo el mundo y, particularmente, en las naciones de la región", precisó la especialista.

Según fuentes de la consultora Gestión Ambiental (www.escrap.com.ar) -una de las cinco empresas nacionales habilitadas por la Secretaría de Ambiente, que cuentan con una planta de reciclado de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)-, mientras una batería o un celular están en uso no contaminan, si se los tira a un basural común y se rompen, pueden liberar ácidos o materiales tóxicos como mercurio, cromo o berilio, que afectan el agua y el suelo del relleno sanitario donde están.

Marco legal en el país


El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires promulgó el 15 de diciembre pasado, la Ley Nº 14.321 que prohíbe tirar a la basura lámparas, pilas, celulares, computadoras y electrodomésticos en general, para evitar la acumulación de las 50.000 toneladas de RAEE que se descartan por año en la provincia. La nueva legislación estipula la creación de un registro provincial de gestores de basura electrónica y la puesta en marcha de centros de recepción de desechos. El proyecto del senador provincial del GEN, Luis Malagama, convertido en ley en Buenos Aires, establece un conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el territorio bonaerense, según lo preceptuado en el artículo 41º de la Constitución Nacional, y en el artículo 28º de la Constitución Provincial; en concordancia con lo establecido por el Convenio de Basilea, ratificado mediante la Ley Nacional 23.992 y las Leyes Provinciales 11.720 (Residuos Especiales) y 13.592 (Residuos Sólidos Urbanos). Pero a nivel nacional todavía no existe la regulación que requiere la actual situación de producción y consumo de bienes electrónicos.

En esta dirección, el INTI participó en la elaboración del proyecto de ley nacional sobre RAEE del senador por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus. La iniciativa regula en forma unificada la actividad y promueve la disposición ordenada de la basura electrónica por parte de los usuarios finales, y su recolección y posterior procesamiento. El proyecto de Filmus, que cuenta con sanción del Senado y espera tratamiento en la cámara baja, establece presupuestos mínimos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También estipula la creación del fondo de gestión de RAEE y del Ente Nacional de Gestión de RAEE.

Los profesionales del INTI también trabajan en este tema a nivel regional. La doctora Leila Devia del Centro INTI-Ambiente explicó la situación en la que se encuentra nuestro país: "Desde 2006, el INTI es huésped del Centro Basilea para América del Sur, que sirve a diez países de Latinoamérica y con el que hemos consolidado un proyecto para hacer un inventario de los desperdicios electrónicos en la región (en inglés e-waste). Pero en esta categoría no califican sólo computadoras y televisores, sino también otros aparatos que utilizan energía. Aplicamos las normativas de la Unión Europea para ver cuál era el parque en nuestros países, pero hubo que circunscribirse a las computadoras porque el relevamiento era muy complejo". En la región existen varios proyectos de ley referidos a la gestión de RAEE. En Brasil, por ejemplo, encuadran a los e-waste en la categoría de residuos sólidos urbanos, pero casi todas las legislaciones le dan un rango especial". Leila Devia precisó además: "Son residuos que se generan en los domicilios, pero exigen tener un sistema de gestión especial".

Qué hacer con las baterías usadas

El programa de recolección de pilas recargables que implementó la Agencia de Protección Ambiental sigue vigente. Desde el sitio web www.agenciaambiental.gob.ar es posible acceder a un listado con los 110 puntos de recolección. Las empresas que participan en el programa son Duracell, Energizer, Kodak, HP, Nextel, Probattery, Rayovac, Sony, Nokia junto con Claro, Personal, IBM, Lenovo, Philips, Motorola y Panasonic. Por otro lado Movistar tiene buzones en sus oficinas comerciales para recibir baterías, y lleva procesados en la última década 2,5 millones de baterías y 1,5 millones de kilogramos de residuos. La empresa telefónica Personal también tiene urnas en sus oficinas comerciales y en su página web es posible consultar un listado.

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